En un artículo publicado enla revista "Papeles y Memorias" de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el profesor propone que la cuantía global del gasto aprobado por las Cortes Generales no sea superado en el transcurso del ejercicio presupuestario.

Por tanto, se deberían suprimir los créditos suplementarios y las incorporaciones de crédito. Sólo subsistirían los créditos extraordinarios con carácter excepcional (debido a catástrofes) y los créditos ampliables que se financien mediante la reducción de otros gastos. Por la misma razón, se deben prohibir los anticipos de tesorería, excepto en caso de catástrofes, y que las empresas públicas financien sus déficits a través de préstamos. En cuanto a las deudas derivadas del sistema de pensiones contributivas, deberán ser puestas de manifiesto en un anexo específico a los Presupuestos.

Otra salvaguarda por la que aboga Barea es que sólo se admitan unos Presupuestos que conlleven un aumento de la presión fiscal, si se aporta una memoria justificativa de que no es psible equilibrar las cuentas públicas mediante una reducción del gasto.

ABANDONO DE LA COMISION

El profesor Barea defiende que todas estas modificaciones se incluyan en una nueva Ley General Presupuestaria. Precisamente, revela en el artículo que la Oficina del Presupuesto del Gobierno abandonó en 1996 (época en la que él la dirigía) la comisión del Ejecutivo que estaba elaborando la reforma de esta normativa.

Según su versión, el abandono se produjo a los tres meses de que se creara la comisió debido a que "la concepción de una nueva Ley General Presupuestaria continuaba sin ser aceptada. Una de las cosas más difíciles de cambiar en la Administración es la cultura, y la que impregna todavía el proceso presupuestario proviene de las leyes de Contabilidad de 1845, 1911 y Ley General Presupuestaria de 1974".

No obstante, Barea sí que considera que el Gobierno actuó adecuadamente cuando en 1996 creó una Oficina del Presupuesto dependiente directamente del presidente del Ejecutivo. "Este pareceser el camino acertado. Así lo demuestran los resultados obtenidos en la elaboración de los Presupuestos de 1997 y 1998", afirma.

El economista añade que todavía se debe crear una comisión de deuda que fije el límite máximo de variación de la deuda pública en circulación, órgano que funcionaría con total independencia del Gobierno y cuya decisión no podría ser modificada ni por el Ejecutivo ni por las Cortes.