"Los ingresos obtenidos de las plusvalías originadas en las privatizaciones de empresas públicas han desfigurado y siguen desfigurando el nivel del déficit presupuestario", señaló.

Barea hizo esta reflexión en el discurso pronunciado con motivo de su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el que expuso las lineas generales que debería seguir una Ley General Presupuestaria rigurosa, adecuada a la integración monetaria con Europa.

Esa ley, a u juicio, tendría que incorporar, entre otros, el criterio de que "sólo excepcionalmente" debe admitirse que las remuneraciones de los funcionarios dependan de la evolución de los precios.

Barea considera que lo ocurrido con las pensiones, que actualmente siguen teniendo garantizado el poder adquisitivo con la ley que se promulgó este año mediante acuerdo con los sindicatos, es un ejemplo a no seguir.

En su opinión, la revalorización automática de las pensiones por el IPC "se ha convertido en el rincipal factor de desequilibrio financiero del sistema público de pensiones contributivas, ya que en el periodo 1981-1995 este factor supuso el 53,5 por cien del incremento total del gasto en dicho periodo. La indexación del gasto conduce a déficits no controlables".

Barea señala asimismo que hay varias clases de transacciones presupuestarias de cuantía muy elevada y cuya adecuada contabilización no está garantizada. Eso origina "una gran divergencia entre el déficit presupuestario y el concepto de dficit del Tratado de la UE, "lo que da lugar a que el proceso presupuestario no asegura una clara rendición de cuentas en lo referente al déficit público".

A su juicio, entre esas partidas están "las asunciones de deudas por el Estado que no se pasan por el Presupuesto, lo que da lugar a presentar un resultado más favorable que el que muestra la realidad".

También figuran los intereses de la deuda pública, ya que "no se reflejan en el momento temporal adecuado, sino cuando se pagan", y la financición privada de infraestructuras, "que da lugar a que cuando el pago se fracciona en varias anualidades, el proceso presupuestario presenta una rendición de cuentas no claras con relación al déficit en que se ha incurrido".

El director de la Oficina Presupuestaria concluyó su análisis con una durísima crítica a la actual política de control presupuestario, al señalar que no ha tenido en cuenta las reiteradas recomendaciones del Tribunal de Cuentas contra la práctica de trasladar gastos a ejercicio futros, ya que eso hace que las cuentas públicas no reflejen la imagen fiel de la actividad económica del sector público".

Según Barea, "la Ley de Disciplina Presupuestaria 11/1996, de 27 de diciembre, pretendió corregir esta situación, pero el Real Decreto 612/1997 dictado en desarrollo de la citada ley ha abierto un agujero presupuestario de incalculables consecuencias, al establecer que para las obligaciones unilaterales, las obligaciones se imputarán al ejercicio en el que se dicte el acto adminitratvo o ley que reconozca el derecho del acreedor".

"La indisciplina presupuestaria ha vuelto de nuevo a implantarse en detrimento del principio de imputación temporal de gastos, decisión poco afortunada, contraria a la idea de hacer del Presupuesto el instrumento fundamental de control global del gasto al servicio de la estabilidad económica, en armonía con lo establecido en el Tratado de la Unión Europea", señala.

Por otra parte, Barea sugiere que la nueva Ley General Presupuestaria debería "inclur el principio de que la cuantía global del gasto aprobado por las Cortes no debe ser superada en el transcurso del ejercicio".