Barberá recordó que el PSOE intentó lo mismo, sin conseguirlo, en junio de 1999, cuando se pactaron determinados traspasos de las competencias del stado a los ayuntamientos.

La presidenta de la FEMP manifestó en rueda de prensa que la federación propone a los partidos mantener dos procesos paralelos de negociación. Por un lado, urgir la negociación de la nueva financiación local y, por otro, de la llamada segunda descentralización, es decir, de la cesión de competencias de las autonomías a los municipios.

Barberá subrayó que, después de la década transcurrida desde la firma del Pacto Autonómico de 1992, "ha llegado la hora de los ayuntamienos", de que ejerzan las competencias que tienen asignadas.

Asimismo, señaló que, si la distribución del gasto total de la Administración es, aproximadamente, un 45 por ciento de la Administración central, un 41% de las autonomías y un 13% de las corporaciones locales, las negociaciones sobre el Pacto Local deberían ir dirigidas a "conseguir un más lógico equilibrio".

TRASPASOS DESDE LAS COMUNIDADES

Apuntó que, para ello, las comunidades autónomas deberían traspasar a los ayuntamientos determinaas competencias, acompañadas, eso sí, de sus correspondientes partidas presupuestarias, porque sería beneficioso para los vecinos.

Incluso insinuó que, dado que el Estado se reserva cerca del 45% del gasto, las autonomías y los municipios deberían repartirse su participación en el gasto "de la manera más equilibrada posible", es decir, que las comunidades cederían la cuota que ganarían los ayuntamientos.

En una respuesta implícita a las manifestaciones de responsables políticos de Cataluña y Euskdi, que han expresado su negativa a traspasar recursos financieros a las corporaciones locales, Barberá aseguró que las comunidades autónomas "no deben tomar esta voluntad descentralizadora como un enfrentamiento" y que autonomías como Galicia, Andalucía o Madrid están dispuestas a alcanzar un pacto local.

Barberá negó también que la revisión del sistema de financiación local para comprobar si se corresponde con la realidad signifique una subida de impuestos, porque "lo que estamos haciendo es dar la uelta a toda la ley para estudiar la suficiencia financiera" de las corporaciones locales.

Por lo que respecta al impuesto local sobre telefonía móvil propuesto por el Partido Popular, negó que tenga que recaer en los usuarios de teléfonos móviles. La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Valencia del PP argumentó que mientras que las operadoras de telefonía fija pagan un porcentaje de la facturación en cada ayuntamiento en concepto de derecho de paso por tierra, también deberían pagar las compañías detelefonía móvil por uso del espacio aéreo. "No es un impuesto a los móviles", insistió.