La federación regional de vecinos presentará el próximo 5 de marzo un estudio completo sobre esta cuestión a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo, del Ministerio de Mdio Ambiente, ya que este incumplimiento podría conllevar indemnizaciones a las inmobiliarias que hayan comprado parcelas recalificadas de industrial a residencial o servicios y luego no puedan construir, compensaciones que debería abonar la Administración.

"Vamos a ponerle sobre la mesa, con datos reales, el desmesurado crecimiento residencial que se da justo en zonas afectadas por la declaración de impacto ambiental", señaló un portavoz de la FRAVM.

"Se va a aprobar el Plan General, se van a realificar suelos que están afectados -nosotros lo vamos a denunciar- y al final la consecuencia puede ser que alguien decida que, lógicamente, eso no se puede llevar a cabo, pero que el beneficiario de ese suelo exija luego a la Administración indemnizaciones", auguró.

La declaración de impacto del aeropuerto, de 12 de abril de 1996, es de obligado cumplimiento. Establece las áreas geográficas afectadas por la actividad aeroportuaria presente y futura, y prevé inversiones públicas para aislar acústicamnte los edificios de las mismas.