La orden, que lleva fecha del 19 de noviembre de 1999, aparece pocos días después de que la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, devolviera a Fomento la Memoria del Plan Director porque no cumple el requisito legal de contener un estudio de las diferentes alternativas xistentes a la obra planteada.

Según el Plan Director, "dado que la construcción de nuevo aeropuerto no es una alternativa posible a medio plazo, la única opción válida a corto plazo para atender el incremento de la demanda es la ampliación de las instalaciones del actual aeropuerto para dotarlo de mayor capacidad, lo cual resulta viable técnica, económica y ambientalmente".

Con la ampliación, Barajas alcanzaría una capacidad para 120 vuelos a la hora, con horas punta de 130 operaciones, lo que s traduciría en 65 millones de pasajeros anuales (25,5 millones en 1998).

Según las previsiones de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), plasmadas en el Plan Director, "la rentabilidad de la inversión resultará muy alta, y Madrid dispondría de un aeropuerto eficiente, próximo y capaz hasta el entorno del año 2020".

Según la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, una obra de estas características debe salir a información pública acompañada de un Estudio de Evaluación Ambiental (EEA), qu todavía no se ha realizado. Con las alegaciones, proyecto y EEA deben pasar al Ministerio de Medio Ambiente para que éste redacte la Declaración de Impacto Ambiental, documento imprescindible para la aprobación definitiva del proyecto, aunque no es vinculante para Fomento y puede ignorarlo.