UGT acusa a Price Waterhouse de "haber faltado a la verdad en la redacción de su informe", aunque luego, a finales de 1993, emitiera un nuevo informe, encargado por Alfredo Sáenz, en el que pone de manifiesto un neto patrimonial negativo de 219.936 millones, que oasionan unas pérdidas de 577.923 millones.

Según el sindicato, el hecho de no haber reflejado en el primer informe de auditoría la situación real "supone una grave perjuicio para los trabajadores del Banco español de Crédito, S.A. que suscribieron pólizas por un importe de 34.398 millones", así como para la entidad bancaria.

UGT pide que se llame a declarar al representante legal de Price Waterhouse, concretamente a Antonio Ramón Tejerina, así como a Mario Conde, ex presidente de Banesto, y a su ctual presidente, Alfredo Sáenz.

Junto a ello, solicita que se fije una fianza de 60.000 millones a Price Waterhouse para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran derivarse.