Hasta la fecha, algunas de las partes personadas en la causa ya han entregado al magistrado sus escritos de acusación, aunque otras, como el fiscal del caso, Florentino Ortí, esperarán hasta mañana para presentar su calificación.

No obstante, ya se conoce que e representante del ministerio público solicitará en torno a los 45 años de cárcel para el ex presidente de Banesto, Mario Conde, al que acusa de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, que habrían sido cometidos en el conjunto de ocho operaciones irregulares.

Además de a Conde, el fiscal también pedirá la apertura de juicio oral contra otros 10 imputados, entre ellos el ex director general de Banesto Fernando Garro, el ex vicepresidente de la entidad Arturo Roman y varios antiguos consejeros del banco como Rafael Pérez Escolar y Juan Belloso.

Sin embargo, el representante del ministerio público no acusará al financiero Jacques Hachuel, a pesar de que otras acusaciones sí piden para él penas de prisión como autor de varios delitos

Así, el Banco Español de Crédito solicitará para Hachuel 6 años de prisión por un delito de estafa y/o apropiación indebida, una pena inferior a la que pide UGT, que asciende a 8 años de cárcel por apropiación indebida y falseda documental, y a la solicitada por CCOO para el finanaciero, que suman 9 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.

Respecto a Conde, es CCOO la acusación que solicita la pena más elevada, un total de 56 años de cárcel por los delitos de estafa y apropiación indebida, seguida por el fiscal y por Banesto, que pide hasta 42 años por cinco delitos continuados de estafa y a propiación indebida.

Por su parte, Ausbanc solicita en su escrito de acusación un total de 18 años de priión para el ex presidente de Banesto por los delitos de falsificación, apropiación indebida y estafa, mientras que UGT reclama para Conde 16 años de cárcel por los dos primeros delitos.

Respecto al resto de los imputados, Ausbanc pide 12 años de cárcel para Romaní, Garro, Pérez Escolar y Eugenio Martínez, presunto testaferro de Conde en Euman Valyser, por los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y apropiación indebida, delito del que no acusa a Martínez, y 6 años de prisión para otros exconsejeros como Juan Belloso, Ricardo Gómez Acebo y Enrique Lasarte, a los que acusa de los dos primeros delitos.

Por su parte, Banesto solicita hasta 28 años para Romani por tres delitos de estafa y otro de estafa y/o apropiación indebida, así como otros 12 años para Pérez Escolar y Garro por los delitos de estafa.

RECLAMACION DE CCOO

CCOO reclama 27 años para Romaní y otros 18 años para Garro y Pérez Escolar por los delitos de estafa y en el caso del último también por apropiación indebida, mentras que UGT reclama 16 años de cárcel para cada uno de ellos como autores de los delitos de apropiación indebida y falsedad. Además, este último sindicato también pide 4 años de cárcel para Eugenio Martínez como cooperador necesario del delito continuado de apropiación indebida.

Los imputados también deberán hacer frente a las peticiones de multas e indemnizaciones que formulan las acusaciones en sus escritos y que van de los 13.000 millones solicitados por Ausbanc a los cerca de 20.000 millones depesetas pedidos por Banesto en concepto de indemnización a todos los acusados.

Tras recibir todos los escritos de las acusaciones, el juez García-Castellón procederá en los próximos días a decretar la apertura de juicio oral sólo contra aquellas personas contra las que se hayan formulado acusaciones, pudiendo, sin embargo, acordar el sobreseimiento respecto de algunas de ellas si así lo considera, decisión ésta última que puede ser recurrida por las partes.

TRASLADO DE ACTUACIONES

En dicha resoución, el magistrado procederá asímismo a dar traslado de las actuaciones a las defensas de los acusados contra los que decida abrir juicio oral, quienes dispondrán del mismo plazo que tuvieron las acusaciones para formular sus escritos de calificación y que fue inicialmente de un mes, que el juez prorrogó posteriormente en otros 12 días.

Además, García-Castellón también fijará previsiblemente en el auto de apertura de jucio oral la fianza por responsabilidad civil a la que deberán hacer frente los imutados, que podría ascender a varios miles de millones de pesetas.

Una vez recibidos los escritos de las defensas, el magistrado elevará la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la encargada de juzgar a los imputados en el 'caso Banesto'.