Dicha querella, interpuesta por UGT ante la Audiencia Nacional y cuya competencia fue admitida por el juez Miguel Moreiras en abril del pasado año, fue remitida sin embargo en noviembre a los juzgados de Madrid por el juez Manuel García-Catellón, que sustituó a Moreiras cuando fue sancionado por el poder judicial, al coniderar que la Audiencia Nacional no era competente para tramitarla.

Previamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había decidido, en una resolución dictada en febrero, que la querella fuese investigada por la Audiencia Nacional, ya que, a su juicio, pudieran haber existido "posibles negligencias en la ejecución de la auditoría, que eventualmente podrían llegar a tener trascendencia penal".

En un auto del pasado 30 de diciembre, el titular del juzgado de instrucción número 33 de Madrid Martín Gil, acuerda devolver la querella al juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, puesto que, siguiendo el criterio del fiscal, la investigación de los hechos denunciados son competencia de ese tribunal.

En concreto, UGT denunció que la presunta ocultación de datos por parte de la auditora provocó que en la ampliación de capital llevada a cabo por Banesto en el año 1993 por 94.909 millones de pesetas, de los que los trabajadores del banco suscribieron pólizas de préstamo pra la adquisición de acciones por importe de 34.398, se valorara cada acción a 1.900 pesetas cuando su valor real era de 400 pesetas, lo que les ocasionó un grave perjuicio económico.

El magistrado indica en su auto que, tal como afirma el fiscal, los hechos denunciados pueden ser incardinados en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional en los casos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

Explica que ello s así, dado que la cuantía de la cifra presuntamente defraudada, que el fiscal estima en miles de millones de pesetas, "sí puede representar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional, así como perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia, por razón de la implantación a nivel nacional de las sociedades a las que las auditorías se refieren".

El juez afirma además en su resolución que, tras la asunción de la compeencia por Moreiras y después del pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "ningún acto de instrucción ha sido practicado que desvirtúe la competencia así asumida y establecida".

Por ello, en su opinión, "no es posible llegar a la conclusión" de que cuando la Sala de lo Penal ordenó que "el instructor deberá admitir dicha querella", lo procedente, "acto seguido, sin nuevos hechos", fuese remitir las diligencias a los juzgados de Madrid.