Según informaron hoy fuentes judiciales, en los recursos, que deberán ser resueltos por el propio Moreiras antes de poder apelar ante la Sala de lo Penal, la fiscalía califica de "innecesarias e impertinentes" dichas decisiones del magistrado, por lo que le piden que las revoque.

El juez Moreiras, que sustituye en la actualidad a García-Castellón por encontrarse éste de vacaciones, acordó la pasada semana enviar una comisión rogatoria a Panamá pra investigar la compraventa de paquetes accionariales de cementeras relacionadas con la Corporación Banesto, en la que presuntamente se desviaron unos 1.500 millones de pesetas.

La remisión de la comisión rogatoria había sido solicitada a García-Castellón por el ex vicepresidente de Banesto Arturo Romaní, aunque el magistrado la había rechazado el pasado 13 de julio.

Además de este acuerdo, adoptado mediante un auto del pasado 3 de agosto, la fiscalía también recurre otro auto dictado por Moreirs el día anterior en el que cita a declarar, sin fijar fecha, a un total de 46 testigos, de los que 22 ya habían testificado ante García-Castellón y ante el fiscal del caso, Florentino Ortí, como el presidente de Banesto, Alfredo Sáenz.

El resto, un total de 24 testigos, son nuevos y entre ellos consta el gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, el subgobernador, Miguel Martín, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Luis Carlos Croissier.

En este auto, el magistrao también decidió, entre otras cuestiones, nombrar tres peritos del Colegio de Titulares Economistas de Madrid para que dictaminen sobre las operaciones e informaciones facilitadas por el Banco de España, Banesto y por los peritos nombrados en su día por García-Castellón.

La tercera resolución de Moreiras recurrida por la fiscalía es la admisión a trámite una demanda de ampliación de la querella contra el ex presidente de Banesto Mario Conde y otros ex directivos presentada por la Asociación de MandosIntermedios de Banca Privada (AMI). Esta demanda también había sido rechazada en su día por el juez García-Castellón.