Dichos autos, contradicen algunas decisiones del juez titular del caso, Manuel García-Castellón, que ha sido sustituido por Moreiras mientras está de vacaciones.

En el escrito que preparan los fiscales, éstos muestran su rechazo a las últimas decisiones de Moreiras y, en concreto, las relativas a la repitición de las declaraciones de testigos y la citación de nuevos, que afecta a n total de 46 personas, entre las que figuran las actuales cúpulas del Banco de España y Banesto, con su gobernador y presidente, Luis Angel Rojo y Alfredo Sáenz, respectivamente, al frente.

También recurren, según las fuentes consultadas por Servimedia, la más reciente decisión de Moreiras, por la que autoriza el envío de una comisión rogatoria a Panamá, pedida por los abogados del vicepresidente de Banesto y "mano derecha" de Conde, Arturo Romaní, y que ya había sido rechazada por el juez García-Casellón el pasado 13 de julio.

Con esta medida, Romaní deseaba demostrar que no había cometido el delito que se le imputa, entre otros, de cobrar comisiones por la venta de activos cementeros de Banesto, y que realmente existieron unos socios panameños en las operaciones, extremo que fue negado por Emilio Serratosa ante el juez.

El recurso de los fiscales solicita que se revoquen las últimas decisiones de Moreiras, al tiempo que muestran el rechazo a la actitud del juez suplente, aceptando reclamacones de los abogados de Romaní que fueron denegadas en su día por el responsable del sumario, mientras éste se encuentra de vacaciones.

Junto a la repetición de las declaraciones de 46 personas y el envío al país del istmo de una comisión rogatoria, Moreiras ha ordenado también que tres peritos independientes del Colegio de Economistas de Madrid inspeccionen toda la información aportada por el Banco de España al juez y al fiscal sobre la actuación de Mario Conde y el resto de los antiguos administradoes de Banesto.

Esta medida también responde a una petición del equipo jurídico de Romaní realizada el pasado 13 de julio, en la que se incluye la nulidad de las diligencias practicadas por el juez titular del caso, extremo que su sustituto no ha llegado a aceptar.

Lo que sí ha admitido es otra petición de la defensa de Romaní en la que se reclaman diligencias de pruebas, y por ello ha librado un oficio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solicitando que remita al juzgado el expedente de la venta de acciones de Banesto en los días previos a la intervención de la entidad por el Banco de España.