Según informaron a Servimedia fuentes jurídicas, García-Castellón adoptó esta decisión al estimar que la Audiencia Nacional no es competente para tramitar la querella, a pesar de que el juez Moreiras, en un auto dictado el pasado 22 de abril, acordó aceptar su competencia para tramitar la causa, medida que ratificó en una resolución el pasado mes de octubre.

Las citadas fuentes precisaron que dicha resolución de García-Castellón no ha sido notificada al abogado de UGT, Manuel Murillo, qe además había solicitado al juez Moreiras hace varios meses la práctica de unas diligencias que finalmente no han sido acordadas por el juzgado de la Audiencia Nacional.

Tras esta decisión, la querella contra Price Waterhouse se encuentra ahora en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, que en primer lugar tendrá que pronunciarse sobre su competencia para tramitarla.

Las fuentes consultadas agregaron que además el abogado Murillo presentó ayer ante este juzgado una amplación de su querella, en la que acusaba inicialmente a la auditora de los delitos de falsedad en documento mercantil, por el presunto delito de estafa.

La querella contra Price Waterhouse fue interpuesta por UGT en julio del pasado año ante el juez García-Castellón, instructor del 'caso Banesto', con el fin de que la acumulase a dicha causa. Sin embargo, el magistrado, de acuerdo con el fiscal, la desestimó al entender que la actuación de la auditora no tenía relevancia penal.

Tras varios recurso, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en enero pasado que la querella fuese investigada, ya que a su juicio pudieran haber existido "posibles negligencias en la ejecución de la auditoría, que eventualmente podrían llegar a tener trascendencia penal".

El decanato de los juzgados de la Audiencia Nacional decidió poco después remitirla al juez García-Castellón al entender que éste tenía antecedentes sobre dicho asunto, pero el magistrado la devolvió para que entraseen el turno de reparto, recayendo finalmente en el juez Moreiras, que aceptó tramitarla.

En su querella, UGT acusó a la sociedad de haber ocultado datos sobre la situación patrimonial real de Banesto en la auditoría que realizó al banco correspondiente a los ejercicios 1990, 1991 y 1992, lo que provocó que los empleados acudiesen a una ampliación de capital en julio y agosto de 1992 comprando las acciones a un precio muy superior del que quedó fijado cuando se conoció el 'agujero' patrimonial de la enidad.