De este modo, el tribunal rechaza los recursos interpuestos por los ex directivos de Banesto, en los que solicitaron la rebaja de las fianzas, cuya cuantía la sala confirma.

La defensa de los antiguos dirigentes de Banesto remitió un escrito al juez Manuel García Castellón a principios de enero en el que solicitaba la reducción de la fianza, alegando que la financiación de esas cantidades supoe unos costes muy altos para Conde y Romaní.

Sin embargo, en un auto dictado el día 30 de ese mes, el magistrado rechazó rebajar dichas fianzas, manteniendo sus cuantías, de acuerdo con el informe del fiscal.

Ambas fianzas fueron avaladas por Bankinter con una comisión anual del 2%, a la que el banco decidió aplicar las comisiones de mercado a principio de este año. El ex presidente de Banesto pactó la comisión inicial con la citada entidad bancaria y la sustitución progresiva del aval por garantas en especie, que debían ser presentadas y entregadas en el juzgado.

En los últimos doce meses, desde que se concedió el aval, ni Conde ni Romaní han efectuado ninguno de esos pagos en especie en al Audiencia Nacional, por lo que Bankinter ha decidido aumentar la comisión que les cobra a un porcentaje entre el 3 y el 5% que es lo que se aplica en la actualidad, según lo casos.

Hasta el momento, el ex presidente de Banesto ha pagado a Bankinter 40 millones de pesetas y Romaní 20 millones. Si la etidad avalista decidiera aumentar hasta el 5% las comisiones que les cobra Conde debería pagar 100 millones de pesetas anuales, 60 más que con la antigua. Su segundo en Banesto pasaría a pagar 50 millones, frente a los 20 que que pagaba hasta ahora.

Conde aportó como garantía su finca de la calle de Triana y tres cuadros de Picasso, Gris y Marsh. Sin embargo, la vivienda está a nombre de su mujer desde 1991 y los avalistas eran dos de los hijos de Conde, menores de edad.

En el auto por el que Cone y Romaní fueron puestos en libertad bajo fianza, el tribunal indicó que la cuantía de 2.000 pesetas impuesta al ex presidente de Banesto para eludir la prisión "se considera disuasoria de la tentación de no comparecer al llamamiento judicial y, de otro, es proporcionada a la supuesta cuantía de las apropiaciones y fortuna personal del imputado".