En la "vistilla", tanto el fiscal como los sindicatos y Ausbanc pedirán que Conde y Romaní ingresen en prisión hasta que el Tribunal Supremo diga la última palabra sobre la sentencia del "caso Banesto", hecha pública el viernes, que condenó al ex banquero a 10 años y dos meses de prisión y al ex vicepresidente de Banesto a 13 años y 8 meses de cárcel.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado para Conde y Romaní la prisión provisional, debido a la gravedad de los delitos por losque han sido condenados.

Por su parte, Ausbanc solicita además que en caso de que la Audiencia Nacional rechace decretar la prisión provisional para Conde y para Romaní, se eleve de 100 a 1.000 millones de pesetas la fianza que cada uno de ellos tiene fijada para eludir la cárcel.

Tanto Conde como Romaní tuvieron que depositar en su día una fianza de 100 millones de pesetas para eludir la prisión preventiva que se decretó contra ellos por su imputación en el "caso Banesto".

La sentencia dictda por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no es firme y cabe un recurso contra ella ante el Tribunal Supremo, medida que ya ha sido anunciada por las defensas de Conde, Romaní, Fernando Garro, ex director general de Banesto, y Rafael Pérez Escolar, ex consejero del banco.

SENTENCIA

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Conde y a Romaní por los delitos de estafa y apropiación indebida, así como a Pérez Escolar por el primero y a Frnando Garro por el segundo. Sobre cada uno de estos dos últimos recayeron 6 años de prisión.

Los magistrados impusieron también a Conde, Romaní, Garro y Pérez Escolar una multa de 18.250.000.000 pesetas y a indemnizar de forma solidaria a Banesto con un total de 7.146.171.900 pesetas.

De esas 7.146.171.900 pesetas, Conde debería desembolsar, según la sentencia, 1.718.008.450 pesetas; Romaní, 2.390.008.450; Pérez Escolar, 1.488.155.000, y Garro, 1.550.000.000 pesetas.

La Audiencia Nacional cndenó también a estos cuatro ex altos cargos de Banesto a inhabilitación especial para el desempeño de profesión relacionada con la administración o dirección de empresas y a no ocupar cargo público alguno durante el tiempo que dure la pena.