El escrito señala que las autoridades municipales velarán por el cumplimiento de las medidas y aplicarán las sanciones económicas fijadas por el Gobierno regional, que establece multas que van desde 50.000 a 5 millones de pesetas.

Los alcaldes ponen de reliee que 1992 ha sido el año más seco del siglo y que, aunque la Comunidad cuenta con un número importante de presas y una importante red de suministro, "nos encontramos ante una situación delicada que exige un esfuerzo de ahorro y buen uso del agua".

Entre las medidas puestas en práctica por los responsables de las localidades del sur figuran la prohibición del riego de jardines privados, praderas de parques públicos, baldeo de calles y plazas, así como el riego de aceras y calzadas por particulares.

Además, ha quedado prohibido tomar agua de las fuentes, salvo que éstas tengan un sistema propio de recuperación.

Las excepciones a estas reglas se podrán aplicar cuando, "de forma notoria haya amenaza para la salud pública", indica el bando.