Según una información que publica hoy el diario `El País', ste grupo mafioso ha enviado en algo más de seis años ocho paquetes bomba, ha acabado con la vida de cuatro empresarios y ha herido a diez personas más.

Una clave significativa de este caso, investigado a medias entre la policía y la Guardia Civil, es que las indagaciones sobre un grupo de sospechosos acabaron destapando el año pasado el caso de las escuchas en el diario La Vanguardia, en el que se vio involucrado el Centro Superior de Información de la Defensa, el Cesid.

La primera víctima de lalista fue Luis Rodríguez Aller, cineasta y funcionario de Correos, a quien colocaron un artefacto debajo de su coche el 4 de enero de 1986, que fue desactivado. Un año más tarde, Rodríguez Aller recibió un paquete bomba que le hirió gravemente.

El industrial Javier Biúrrun Monreal murió tras explosionarle un paquete explosivo de tres kilos que en el remite figuraba la dirección Avenida de la Victoria, 146, de Pamplona, sede de un cuartel de la Guardia Civil

Después vinieron el empresario Jesús Degado Sánchez, de Secuéllamos (Ciudad Real), que cuando recibió el paquete bomba en enero de 1988 estaba cerrando la compra de la firma de Biurrum, aunque el envío levantó sus sospechas y la Guardia Civil acudió a su domicilio a estudiar el artefacto, desactivándolo posteriormente.

En el atentado contra otro industrial, Antonio Díaz Regañón, residente en Palencia, los miembros de la banda utilizaron trilita, sustancia utilizada en España para usos estrictamente militares.

CONEXION CON LA GUARDIA CIVI

Tres de las víctimas de los atentados eran indutriales de ordeñadoras, por lo que hizo levantar sospechas sobre los que comerciaban con ellos. Así la policía localizó a Agustín Cerezo, que comerciaba con los tres, como principal sospechoso de la banda, que actuaría por ajustes de cuentas, y los investigadores llegaron a descubrir conexiones con miembros de la Guardia Civil.

Este descubirmiento de posibles conexiones del caso con la Guardia Civil enturbió las investigaciones, ya que los investigaores del instituto armado no dejaron actuar de forma independiente a sus compañeros de la policía.

El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren autorizó el año pasado la intervención de los teléfonos de varias personas residente en Barcelona porque la policía sospechaba que podía tratarse de la banda criminal que estaba enviando los paquetes bomba.

Los teléfonos pertenecían a Miguel Ruiz Martínez, "El Lobo"; el ex guardia civil y ex miembros del Cesid Manuel María Sánchez, y el ex coronel del Csid Fernando Rodríguez. Sin embargo, no se obtuvo prueba alguna de la relación de éstos con la banda de asesinos profesionales.

INVESTIGACION ESTANCADA

El Servicio Central de la Policía Judicial lamentó en 1988 en un informe que la intervención de la Guardia Civil generara "una duplicidad en las actuaciones totalmente negativa, ya que, a la dualidad de los interrogatorios, se une la dispersión de los elementos de prueba".

Dos años después continúan los extraños envíos pero no se aclara ninguna incualción. El 15 de mayo de 1990, Luis Armero Garcerán, dueño de un taller de cerrajería de Torrepacheco (Murcia) caía muerto con su mujer tras abrir un "regalo" enviado desde Alicante.

Personas muy próximas a la víctima sospechan que el fallecido había descubierto un negocio de tráfico de drogas con implicación de miebros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Después murió Juan Antonio Pérez Herrero, directivo de una empresa de inversiones, tresdías después de Aremro, y resultó herido Juan Goyneche Moreno, conde de Ruiz Castilla, el 16 de noviembre de 1992; la mujer de Goyeneche, Cristina Ordovás, es hija de del general Manuel Ardovás, que presidió en 1970 en proceso de Burgos que condenó a muerte a seis etarras.