Este estudio, que fue presentado hoy por los profesores Ferrán Cerdá e Ignacio Sancho y que contó con la asistencia del director general de la entidad catalana, Isidre Fainé, abordó el tratamiento que deben llevar a cabo las entidades financieras en casos de insolvencias y soluciones concursales, después de denunciar que actualmente pierden casi todo el dinero prestado a estas compañías.

El estudio dstaca que, por ejemplo, en 1992, se llegaron a contabilizar más de un 1,2 billones de pesetas en deuda a los acreedores, por parte de empresas y sociedades que se declararon en quiebra o suspensión de pagos. No obstante, recordaron que se trató de un año en plena crisis económica en España.

Como solución a este problema para las entidades financieras, el estudio propone crear leyes de protección que eviten resultar afectados por situacines de impagos y quiebras.

Para los expertos, la nueva Ley Cocursal que prepara el Gobierno, y que sustituye a una de 1922, no debe limitarse a salvar a las empresas de estas situaciones, sino que también debe incluir la salvaguarda del pago de los créditos pendientes.

Finalmente, la reforma concursal debe atender a la nueva economía globalizada y tener en cuenta que las quiebras pueden afectar a compañías internacionales, a las que resulta más difícil reclamar deudas.