En un escrito hecho público hoy y fechado el 2 de noviembre, Fungairiño señala que "no es posible atribuir" a los directios y empleados del Banco Santander la autoría de un delito de defraudación tributaria.

Asimismo, añade que "las posibles falsedades instrumentales [...] no podrán ser objeto de imputación a dichos directivos y empleados del Banco Santander, como tampoco podría serle atribuible una desconocida figura de encubrimiento del delito tributaria".

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios investiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Públicacometidos por el Banco de Santander y más de 200 clientes en los años 1988 y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal "pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".