Esta propuesta figura en un estudio de la autoridad monetaria sobre "El proceso de convergencia de precios y costes en las principales economías europeas", contenido en su último Boletín Económico.

A su juicio, el dualismo del mercado laboral, con una mayoría de trabajadores fijos y más de tres millones de asalariados con contratos temporales sin ninguna salvaguardia contra el despido, provoca un encarecimiento de los precios.

"a existencia, de un lado, de un núcleo básico de trabajadores altamente protegidos y con costes de despido muy elevados, de hecho, y, de otro, de un alto volumen de empleo temporal, que no está protegido por costes de despido, y compuesto, mayoritariamente, por trabajadores con un bajo nivel de cualificación, puede estar generando un sesgo inflacionista en la economía española", señala el estudio.

Para el Banco de España, esta dualidad permite "ajustes de empleo sin afectar a los trabajadores fijos, qe ven así reforzado el poder en la negociación salarial, a la vez que los altos niveles de paro dejan de ejercer un efecto moderador sobre los salarios".

El estudio aboga también por "una profunda reforma del Instituto Nacional de Empleo y del sistema de seguro de desempleo, dirigida a fomentar una búsqueda más activa del empleo y que proporcione facilidades para que dicha búsqueda sea eficaz, lo que exige un adecuado nivel de formación".

Las comparaciones internacionales, según el Banco de Españ, ponen de manifiesto que los países en los que es más fácil y menos costoso ajustar plantillas consiguieron mantener durante toda la década de los ochenta los menores niveles de paro.

Otro aspecto que tiene un efecto negativo en la inflación es "el sistema de negociación colectiva prevalenciente en la economía española", porque tiene a fijar el crecimiento salarial con referencia a "las áreas o sectores más dinámicos".

Para los expertos de la entidad emisora, en España se ha creado una situaciónen la que los sindicatos pueden imponer aumentos salariales inflacionistas en virtud del poder de los "insiders", que son los trabajadores fijos con gran seguridad en el empleo.

El precio de esa política es que las empresas tienen que ajustar sus costes mediante la reducción de empleo, que padecen los "outsiders", que son los desempleados o los contratados temporales, generalmente con un nivel de cualificación más bajo.

El resultado, durante la década de los ochenta, fue "un cambio en el reparto e la renta real a favor de los ocupados -que consiguieron obtener crecimientos de los salarios reales- y en contra de los parados".

LAS RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO

Por otra parte, el Banco de España señala que la desaceleración de los precios conseguida hasta 1988 quedó rota por un nuevo periodo de conflictividad laboral "que el Gobierno trató de aplacar a través de un conjunto de concesiones a los sindicatos".

Sin embargo, al no ir acompañadas esas concesiones de acuerdos salariales en funcón de las condiciones del mercado de trabajo, al contrario de lo que ocurrió a principios de los ochenta, "se crearon las bases para el inicio del rebrote inflacionista".

Además, la reaparición de mecanismos de indiciación salarial ensombreció "el panorama inflacionista y las perspectivas de creación de empleo", que tuvieron que ser frenados con una política monetaria rigurosa, "ante la falta de colaboración de la política presupuestaria".