Así lo señaló este viernes el organismo en la actualización de sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2022-2024, en las que estima que la inflación se sitúe, en términos de media anual y de IPC armonizado, en el 7,2% en 2022. Esta estimación supone dos décimas menos respecto a su estimación de abril, de forma que parte de las cinco décimas que la ‘excepción ibérica’ presionaría el IPC a la baja se ven contrarrestadas por el aumento en la previsión de la inflación subyacente.

Asimismo, el informe del Banco de España indica que la entrada en vigor del mecanismo ibérico “sugiere una fuerte desaceleración del componente energético de los precios en nuestro país a lo largo del período de proyección, de modo que su tasa de variación interanual, que fue del 46% en el primer trimestre de 2022, pasaría a ser negativa a partir del otoño de 2023”.

Cabe señalar que las estimaciones realizadas no incluyen la prórroga hasta septiembre -anunciada por el Gobierno a principios de junio- de las medidas aprobadas para contrarrestar los efectos de la guerra, en particular la bonificación a los carburantes, sino que están realizadas sobre el supuesto de que la medida finalizaría a finales de junio. Según los cálculos del organismo, la prórroga de dichas medidas hasta septiembre supondría una tasa de inflación general en 2022 unas tres décimas inferior a la del escenario central, mientras que este efecto se revertiría en su totalidad en 2023.

De la misma manera, las estimaciones realizadas por el Banco de España tampoco recogen el anuncio realizado esta semana por Argelia de romper sus relaciones con España, algo que, teniendo en cuenta que España importa alrededor del 30% del gas que consume a este país, podría afectar tanto en el crecimiento económico como en la inflación.

Para 2023, el Banco de España estima que la inflación baje al 2,6%, lo que supone una revisión al alza en seis décimas respecto a la estimación que el Banco de España hizo en abril, debido precisamente a la reversión del mecanismo para limitar el precio del gas, aprobado hasta mayo de 2023, y por una mayor persistencia esperada de las alzas de precios no energéticos. En cuanto a 2024, la estimación es que baje al 1,8%.

El organismo apuntó que “la guerra ha exacerbado las tensiones inflacionistas que ya afectaban previamente a los mercados de materias primas”. Asimismo, indicó que “se está produciendo una cierta traslación de las alzas de los precios energéticos y de los alimentos a otros componentes de los precios de consumo”.

En este sentido, el Banco de España advirtió de que “un hipotético mayor grado de traslación de los aumentos de precios y costes recientes al resto de precios de la economía y a los salarios supone una fuente adicional de riesgo de elevada relevancia”.