Lamamie de Clairac, que declaró como testigo ante la magistrada Teresa Palacios, fue el inspector del Banco de España que supervisó la fusión entre el Banco Santander y el Central Hispano.

Según explicaron fuentes jurídicas, este inspector aseguró que el Banco de España supo del contrato compensatorio a Amusátegui cuando el informe sobre la fusión ya se había hecho, concretamente, cuando el caso llegó a la Audiencia Nacional y la juez Palacios olicitó documentación a la máxima autoridad monetaria.

La declaración de Lamamie, quien se remitió al informe que elaboró en su día sobre la fusión de la que nació el SCH, se contradice con lo que manifestó ante la juez el secratario del Consejo de Administración de la mencionada entidad, Ignacio Benjumea.

El secretario del Consejo de Administración del SCH señaló que no remitió copia del contrato al Banco de España, pues no había obligación, si bien añadió que la mencionada entidad estaba al tano del mismo por su capacidad de supervisión.

Por su parte, tanto el presidente del SCH, Emilio Botín, como José María Amusátegui, declararon ante la magistrada que el contrato que se investiga no tenía nada que ver con la fusión entre las dos entidades financieras, sino que se trataba de un bonus por jubilación, extremo que también confirmó el propio Benjumea.

La declaración prestada hoy por el inspector del Banco de España está relacionada con la última querella interpuesta contra Emilio Botín yJosé María Amusátegui, por pactar presuntamente entre ambos, en agosto de 2001, la mencionada gratificación.

La querella contra Botín y Amusátegui fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre por Teresa Palacios, quien apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas del banco.

Presentada or el accionista Juan Francisco Franco Otegui, la querella se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas de la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".