La entidad emisora presentó un recurso contra la liquidación girada por el consistorio de la capital cántabra por considerar que el pago del IBI no era legal, al no haberse tenido en cuenta la exención subjetiva de que goza el Banco de España en virtud de las normas estatutarias anteriores a la Ley de Haciendas Locales.

El Tribunal entiende que al haber desaparecio la mencionada exención en favor del banco emisor, "resulta inviable la perduración de la antigua exención recayente sobre la Contribución Territorial Urbana más allá del límite temporal señalado, el 31 de diciembre de 1992, por tratarse de un beneficio configurado como indefinido por su norma reguladora".