Un informe del Servicio de Estudios de la autoridad monetaria sobre "El desarrollo reciente del crédito interempresarial en España" advierte que la morosidad en estos pagos creció un 15 por ciento en 1990, último ejercicio para l que se dispone de información sobre el conjunto de la economía nacional.

En esa fecha, el crédito interempresarial ascendía a 10,6 billones de pesetas, lo que da una idea de la trascendencia económica de este sistema financiero "paralelo" y al margen de los controles del Banco de España.

De esa cantidad, los morosos impagados entre las empresas que controla la Central de Balances del Banco de España ascendían a 228.500 millones de pesetas. Como el crédito interempresarial movido por estas socieades era algo menos de la mitad del total, concretamente 5,1 billones, la morosidad total puede situarse en torno al medio billón de pesetas.

Ante esta situación, expertos del Banco de España consultados por Servimedia señalaron que es necesario reducir el riesgo de inestabilidad financiera latente en este mercado crediticio paralelo, porque actualmente "no tiene un control de ninguna autoridad ni institución de carácter privado".

La misma fuente indicó que la regulación de los préstamos y aplazaientos entre empresas no corresponde al Banco de España, ya que su Ley de Organos Rectores sólo le da potestad sobre el sistema crediticio, ni tampoco en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tiene otro ámbito de actuación.

"EFECTO DOMINO"

El crecimiento de la morosidad en préstamos y aplazamientos de pagos entre las empresas preocupa cada vez más a la banca, porque cuando las sociedades mercantiles no cobran tampoco pueden hacer frente a sus deudas con bancos y cajas.

El temo de la banca plantea el peligro de lo que el Banco de España califica de un "efecto dominó" consistente en que "la posible existencia de un racionamiento crediticio, dificil de cuantificar y evaluar mediante los instrumentos estadísticos disponibles, que sería el resultado del reforzamiento de la prudencia bancaria en la concesión de nuevos créditos".

Ello tendría "efectos negativos sobre la cuenta de resultados de las entidades y, por tanto, sobre su imagen externa, su cotización de mercado y su capaidad de expansión", advierten los expertos de la autoridad monetaria.

Según el Banco de España, el sistema de aplazamiento de pagos "se ha ido desvirtuando en los últimos años y se ha convertido en un mecanismo de alargamiento de los plazos por encima de lo que sería razonable, causando problemas a empresas solventes".

A este respecto, los datos del Banco de España indican que, entre 1982 y 1989, los plazos de cobro a clientes disminuyeron en 24 días y los de pago a proveedores en 35, pero la tenencia se quebró en 1990. Ese año, el aplazamiento medio se situó en 71 días para cobros a clientes y 80 para pagos a proveedores.

El Banco de España reconoce que a ello contribuyeron sus medidas de racionamiento del crédito y que, posteriormente, la situación no parece tender a normalizarse, por la agudización de la crisis económica.

Todo ello ha conducido a una situación de "desasosiego" e "inquietud" en círculos empresariales, debido a que el alargamiento de los plazos de pagos está causando seios problemas "en la gestión de tesorería de numerosas empresas, traduciéndose en notables crecimientos de las suspensiones de pagos".

Según el Banco de España, el principal motivo de desasosiego reside en que "numerosas empresas de pequeña dimensión se ven forzadas a financiar a sus clientes de mayor tamaño y capacidad de negociación comercial".

Asimismo, las empresas acreedoras están "enganchadas" a sus deudores, al encontrarse obligadas a "continuar facilitando financiación a clientes con probemas de liquidez, a fin de no precipitar situaciones de suspensión de pagos y con la esperanza de recuperar el conjunto de los créditos concedidos anteriormente".