Este es el sombrío pronóstico de un informe realizado por expertos de la autoridad monetaria, en el que se advierte que ni siquiera el mantenimiento de la competitividad actual garantiza un desarrollo sostenido, ya que la recuperación se traduciría en una crecimiento de las importaciones superior al soportable a medio plazo.

El informe, titulado "El saldo comercial no energético español", señala que, si la economía española vuelve a perder competitividad al ritmo registrado entre 1986, año e la integración en la CE, y 1992, las tres devaluaciones de la peseta no habrán servido de nada y el déficit comercial no energético volverá a representar en 1996 un 7 por ciento del PIB.

PREOCUPANTE

El aspecto más preocupante de las simulaciones estadísticas efectuadas por los expertos de la entidad emisora en este informe, al que tuvo acceso Servimedia, es que muestran que el deterioro de la balanza comercial está asegurado incluso si la competitividad se mantiene en sus niveles actuales.

Sóo una mejoría de la competitividad haría posible el crecimiento económico y la reducción del déficit comercial a niveles que no supongan una amenaza que estrangule a medio plazo la reactivación económica.

Concretamente, el Banco de España cree que, en el trienio 1994-1996, es preciso un aumento del 2 por ciento anual en la competitividad exterior para "compensar los efectos negativos que tiene la recuperación económica interna sobre el saldo comercial, corrigiéndose esta hasta alcanzar en 1996 un valo cercano al -1,4 por ciento del PIB en términos reales y al -0,7 por cien en términos nominales".

Por contra, en un escenario en el que la economía española registrase una pérdida de competitividad del 2 por ciento, como ocurrió en el periodo 1986-92, la recuperación socavaría sus cimientos.

El saldo comercial (excluida la energía) remontaría hasta el 7 por ciento del PIB en 1996, "desaprovechando, por lo tanto, la corrección del déficit exterior que se produce en 1993 y 1994 por las ganancias decompetitividad registradas en las importaciones y exportaciones, fundamentalmente".

Las conclusiones del informe indican que, "en el supuesto de pérdida o mantenimiento de la competitividad, el proceso del corrección del déficit no energético se frustraría con la recuperación económica, incluso en el supuesto de que las exportaciones alcanzasen tasas de variación superiores a las que registraron en el periodo 1986-1992".

Eso pone a España ante el dilema de que "la reducción del déficit exterior n energético a medio plazo, en ausencia de mejoras permanentes de la competitividad, requeriría una recuperación muy débil de la economía española, menor que la de los países de su entorno económico".

Una posible alternativa es la adopción de una política de ajuste que dificulte la expansión económica real, a fin de evitar el desequilibrio de las cuentas con el exterior, pero eso "conlleva un elevado coste en términos de desempleo y dificulta la convergencia con Europa, en términos de PIB real per capia".

"En conclusión", señala el informe, "solamente las medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía española hacen compatible un proceso de crecimiento sostenido y estable, que permita generar empleo, sin agravar el desequilibrio exterior".

RECOMENDACIONES

A partir de este análisis, el Banco de España se plantea los distintos caminos que se abren ante las empresas españolas para mejorar la competitividad y señala que no puede lograrse reduciendo los márgenes empresariales de laindustria, puesto que vienen disminuyendo desde 1990 y un empeoramiento adicional provocaría el desvío de capitales desde los sectores más dinámicos y abiertos a la competencia a los más protegidos, regulados e ineficientes, lo que destruiría el tejido industrial.

Tampoco es viable la alternativa de nuevas devaluaciones u otras medidas proteccionistas, dados los compromisos adquiridos por España y el peligro que representaría para la credibilidad de España en los mercados de capitales internacionales. En consecuencia, la única salida consiste, a su juicio, en darse cuenta de "el aumento de la capacidad competitiva de la economía requiere una moderación de los costes empresariales que permita incrementar su rentabilidad, estimulando, así, la inversión necesaria para generar empleo".

Para ello, la política económica debe afrontar las reformas estructurales necesarias para favorecer la "moderación salarial" y evitar "un excesivo crecimiento de los precios en los sectores protegidos e la competenca exterior", es decir, los de los servicios.

Además, considera necesario plantearse "otro tipo de medidas de política industrial" que estimulen la competitividad mediante "la diferenciación de productos, fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico, etc.".