Baleares se convierte de este modo en la segunda comunidad autónoma que recurre esta medida del Gobierno español, después de que ayer hiciera lo propio la Junta de Castilla y León, comunidades ambas gobernadas por el PP.

El Fondo de Cohesión Sanitaria es uno de los instrumentos específicos de financiación de la gestión de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas y nació con el fin de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria en todo el territorio español.

También de garantizar la atención a los ciudadanos desplazados procedentes de la Unión Europea o de países con los cuales España tiene convenios de asistencia sanitaria recíproca.

El Ministerio de Sanidad es el responsable de establecer los sistemas necesarios para compensar con cargo a este Fondo las comunidades autónomas por el saldo limpio en la asistencia a los diferentes pacientes desplazados. Sin embargo, para Baleares la regulación establecida por el Gobierno central no se ajusta a la normativa vigente sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

Tampoco a lo que fija la ley de financiación de las Comunidades Autónomas, la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud así como el acuerdo tomado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de noviembre de 2001, sobre la ampliación de la cobertura del Fondo.

Además, el Consejo de Gobierno balear considera que, en cuanto a la situación concreta de las islas, no se articulan las medidas necesarias para que se produzca una efectiva compensación del saldo en asistencia sanitaria que asume la comunidad autónoma.