La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente de las Islas Baleares, Francesc Antich, suscribieron esta tardeen Madrid el convenio por el cual se desarrollará el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 en la comunidad insular.

Antich agradeció la colaboración del Gobierno español por apoyar las políticas que ha puesto en marcha la Consejería balear de Vivienda con medidas destinadas tanto a facilitar la compra y el alquiler de viviendas, como las destinadas a fomentar la rehabilitación.

"Facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda", dijo Antich en un encuentro con los medios, "es una prioridad para mi Gobierno y con acuerdos como el que hoy hemos firmado queda claro que esta es una prioridad que compartimos plenamente con el Ministerio".

El compromiso del Gobierno central mediante este convenio es el desarrollo, en cuatro años, de 17.435 actuaciones, lo cual supone 5.000 más que en el anterior convenio. Del total de acciones previstas se traduce una inversión de aproximadamente 190 millones de euros que afectarán a unos 11.500 puestos de trabajo. Del total de acciones, 9.510 son de rehabilitación, el 54% del total.

Por otra parte, 5.330 de las acciones comprometidas son para fomentar viviendas protegidas de nueva construcción. En concreto, se trata de ayudas directamente a los promotores de estos tipos de vivienda, con la siguiente distribución: 3.335 actuaciones para promover vivienda protegida de nueva construcción en régimen de venta y 1.965 para promover nueva vivienda protegida destinada a alquiler.

También está establecido en el convenio que el Ministerio dará 1.405 ayudas a los ciudadanos de las Islas Baleares dentro del programa de apoyo a los inquilinos y 240 para los particulares que adquieran vivienda usada.

Por otra parte, en el acuerdo se establece que el Ministerio apoyará 950 actuaciones en materia de suelo. Todos estos compromisos se llevarán a cabo en coordinación con la Consejería de Vivienda y Obras Públicas que tendrá, entre otras responsabilidades, las de calificar y declarar las actuaciones protegibles, reconocer el cumplimiento de los requisitos necesarios para recibir las viviendas y tramitar y abonar las subvenciones, como mediador entre el ciudadano y el Ministerio.

Para el desarrollo del Plan de Vivienda y Rehabilitación, el Ministerio imputará las subvenciones derivadas de este acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado.

Francesc Antich ha recordado que el esfuerzo que realiza el Ministerio se suma a las actuaciones que se han puesto en marcha desde la Comunidad Autónoma en materia de vivienda. El presidente ha citado algunos de los principales proyectos puestos en marcha hasta el momento como por ejemplo, la Ley de Barrios, que puede generar unos 18 millones de euros y afectar a unos 1.100 puestos de trabajo.

Asímismo, los 12,5 millones de euros que en 2008 se destinaron a rehabilitación; la aprobación de la Ley para obtener Reservas Estratégicas de Suelo, que permitirá promover más de 2.700 viviendas protegidas, o las inversiones para incrementar el parque de viviendas de alquiler.

Se trata, destacó Antich, de actuaciones que, además de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, están suponiendo un "importante" impulso al sector de la promoción y la construcción, lo cual supone también la generación de puestos trabajo potenciales a corto y medio plazo, indicó.