La reunión de hoy se enmarca en los contactos que esta consejería ha mantenido en los últimos días con los posibles compradores, sindicatos, Dirección general de Aviación Civil y Comisión Nacional de la Competencia en torno a la operación.

Gabriel Vicens expresó que un eventual traslado de la sede de la compañía afectaría a unos 1.200 empleados. También habló del temor por que resulten afectados los enlaces y frecuencias de vuelos operados con las islas.

Según informó el Gobierno balear en una nota, Santiago Sánchez se mostró comprensivo ante las preocupaciones del Gobierno balear y abierto a todas las sugerencias y propuestas que se le trasladaron.