La puesta en marcha de los citados decretos, "ha aconsejado, sin embargo, su modificación (...) puesto que se ha detectado la necesidad de diferenciar y acotar todavía más un tipo de discapacidad para la cual hace falta establecer una reserva especial, incorporándose la nueva condición de prelocutiva para todas las clases de sordera", según informó el Ejecutivo que preside Jaume Matas.

Asimismo, se crea la denominación de discapacidad intelectual, en sustitución de la de retraso mental, de acuerdo con un "uso terminológico más respetuoso con la dignidad de las personas".