El objetivo del Ejecutivo que preside el socialista Francesc Antich es habilitar lo antes el suelo urbano necesario para atender el "déficit actual" de suelo y las demandas previstas para los próximos años, según el acuerdo.

La ley asegura la participación de los ayuntamientos, otras instituciones afectadas y de la ciudadanía, en un sistema para la planificación, ejecución y financiación de actuaciones que tienen como fin conseguir, "de un modo urgente", suelo para satisfacer las necesitados de vivienda con cualquier régimen de protección pública o a precio tasado.

Así, se llevarán a cabo actuaciones que, bajo la denominación de Reservas Estratégicas de Suelo tendrán la consideración de actuaciones de interés general.

Las actuaciones se desarrollarán por medio de Normas Subsidiarias y complementarias del planeamiento, para lo cual el Gobierno regional elaborará, tramitará y aprobará las normas en cada municipio en los cuales se haya decidido crear una reserva estratégica y que debe ser mayor de 10.000 habitantes.

Estas normas, además, prevén la obligatoriedad de que un mínimo del 50% de la edificicabilidad prevista se destinará a vivienda protegida o a precio tasado.