En el Pleno del Parlamento balear, preguntada por el diputado socialista Josep María Costa, la consejera afirmó que dicha inserción laboral es una de las "prioridades" de su departamento.

Explicó que en el último periodo se ha avanzado en dos ámbitos: el normativo y el de formación. En el primero de ellos, se modificó la ley de función pública junto con la ley de medidas tributarias, que ha permitido ocupar a personas con discapacidad por medio de contratos temporales de fomento de la ocupación.

De hecho, el pasado 22 de febrero, el Consejo de Gobierno balear aprobó el acuerdo que regula la obligación que tienen las empresas públicas, las fundaciones y los consorcios de caracter autonómico de reservar una cuota no inferior al 5% de las vacantes para personas con un grado de discapacidad superior o igual al 33%.

Este acuerdo también fija que, en el plazo de un año, se elabore un diagnóstico de la situación de la contratación laboral de estas personas en el sector público de la comunidad. Ese estudio, explicó, ya se está realizando en las empresas públicas.

El acuerdo exige además que se redacte un mapa de ocupación de las personas con especial dificultad para ocupar un puesto de trabajo, como son discapacitados intelectuales y auditivos.

En el ámbito formativo, se han conseguido 25 becas dirigidas a personas con discapacidades para realizar prácticas tanto profesionales como de formación en la Administración y con aquellas empresas con las que la Escuela Balear de la Administración Pública tiene firmados convenios de prácticas.

En este punto, Leciñena subrayó que estas 25 becas han supuesto un "incremento importante", pues en un solo año se ha pasado de 15 a 25 que se han distribuido del siguiente modo: para discapacidad intelectual 8, para auditiva 8, para psíquica 4 y para física 5. Destacó el incremento de becas para discapacitados intelectuales respecto a convocatorias anteriores, "porque es el colectivo con más dificultades".