Los beneficios fiscales que se establecen en este decreto ley se articulan en tres ámbitos de actuación: dinamizar la actividad productiva y la ocupación; impulsar la actividad inmobiliaria, favoreciendo el acceso a la vivienda a los jóvenes y a otros colectivos que requieren una atención especial por parte de los poderes públicos; y racionalizar y adaptar los beneficios fiscales existentes relativos al acceso a la vivienda y a la creación de empresas.

Así, se introducen varios beneficios fiscales que repercuten en la tributación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, reduciendo la presión fiscal de las empresas que generen nuevos puestos de trabajo o que, ante la adquisición de una empresa en funcionamiento, mantengan los puestos de trabajo preexistentes.

En cuanto al objetivo de impulsar la actividad inmobiliaria, las medidas inciden particularmente en los colectivos más desfavorecidos, como por ejemplo los jóvenes menores de 36 años, las personas con discapacidad y las familias numerosas, incrementando los beneficios fiscales con respecto al acceso a la vivienda y, muy especialmente, al acceso a la vivienda protegida.

En este sentido, se establece que las cuotas satisfechas por estos colectivos en concepto de transmisiones patrimoniales onerosas o de actos jurídicos documentados, según los casos, se puedan deducir, en un porcentaje "muy importante", según el Govern, de la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas.