Trs días antes de la celebración de la votación, el juez instructor del "caso Filesa", Marino Barbero, había convocado para que se ratificasen en sus conclusiones a los peritos de Hacienda que elaboraron en el mes de marzo el demoledor informe que certificaba que diferentes empresas y bancos habían pagado casi 1.000 millones de pesetas a Filesa y Time Export por operaciones inexistentes.

Sin embargo, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral el 21 de mayo, Barbero, quien en su tierra natal, Plaencia, fue convirtiéndose en un "héroe", pareció "apiadarse" de los socialistas y dictó un auto en el que posponía hasta después de las elecciones la comparecencia de los peritos, que finalmente se ratificaron en sus conclusiones el 8 de junio, dos días después del cuarto triunfo de los socialistas, aunque en esta ocasión sin mayoría absoluta.

Tras esa fecha, el juez Barbero continuó con su investigación sobre la presunta trama de financiación irregular del PSOE, hasta que a mediados de septiembre pidó formalmente el suplicatorio del senador socialista Josep Maria Sala, lo que provocó la paralización de las investigaciones hasta el mes de diciembre, en que la Cámara Alta autorizó el procesamiento.

Junto a Barbero, Baltasar Garzón fue el otro juez que continuó ocupando las primeras páginas de los periódicos durante este año, primero por sus actuaciones judiciales, como fue el procesamiento en febrero de 14 miembros de la Ucifa por un presunto pago con droga a confidentes, y posteriormente por su sato a la política de la mano de Felipe González, quien finalmente le nombró delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a pesar de las especulaciones sobre su ascenso a ministro del Interior.

Esta decisión del hasta entonces "superjuez" de la Audiencia Nacional, que fue seguida por el también magistrado Ventura Pérez Mariño, levantó algunos aplausos, aunque también fue acogida con feroces críticas por quienes no comprendían que pudiera unirse a los miembros de un Gobierno al que en su díaacusó de estar detrás de los GAL, sumario que le correspondió instruir.

También fueron realizadas por Garzón las investigaciones que, a principios del año, permitieron la celebración el 25 de enero en la Audiencia Nacional del juicio contra el policía Angel Duce y el ultra Ricardo Sáenz de Ynestillas por el asesinato del diputado de HB Josu Muguruza.

A pesar de que el fiscal pidió en la vista 319 años de cárcel para cada uno, Duce fue condenado a 100 años de cárcel, mientras que Ynestrillas fue asuelto en una sentencia que fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que finalmente ratificó a mediados de diciembre el fallo, aunque con reticencias.

"MACROJUICIOS"

Siguiendo con los sumarios instruídos por Garzón, este año también fue testigo de la celebración del "macrojuicio" contra los 52 procesados en la denominada "operación Nécora", entre ellos el "capo" Laureano Oubiña y el empresario Celso Barreiros, quienes comenzaron a sentarse en el banquillo habilitado especialmente en un pabellón de laCasa de Campo el 20 de septiembre y continuarán haciéndolo todavía a principios del próximo año.

Otro de los "macrojuicios" que continuará el próximo año es el iniciado a principios de octubre en la Audiencia Provincial de por la muerte de 82 personas en el incendio de la discoteca Alcalá 20, ocurrido el 17 de diciembre de 1983, motivo por el que están procesados los dueños del establecimiento, un electricista, un teniente de alcalde socialista y un funcionario.

Al que parece que este año le ha sdo propicio es a Juan Guerra, el "hermanísimo", quien ha visto cómo se desvanecían algunas de las causas seguidas contra él, logrando cuatro absoluciones en otros tantos procesos, aunque todavía tendrá que hacer frente a lo largo de los próximos meses a más acusaciones por presuntos delitos de prevaricación, utilización de un despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía y por delito fiscal, entre otros motivos.

Dentro del capítulo del terrorismo, a principios de agosto la "Ertzaintza", bajo la irección del juez Carlos Bueren, desmanteló una red de extorsión de ETA a empresarios vascos. Esta operación fue el origen de que seis meses después el juez Bueren ordenase el registro del periódico "Egin", el primero realizado a un medio de comunicación, al encontrar unos informes encargados por ese diario en manos del etarra Carlos Almorza, "Pedrito de Andoáin".

También tuvo una gran repercusión la detención, en el mes de febrero, del abogado de HB Txemi Gorostiza, quien permaneció encarcelado hastael pasado 14 de diciembre acusado de colaboración con ETA, tras obtener unas grabaciones en las que el letrado transmitía a presos etarras órdenes de atentar contra funcionarios de prisiones. Aunque estaba previsto que la vista se celebrase el pasado 1 de diciembre, el juicio fue suspendido al plantear la defensa de Gorostiza varias cuestiones sobre la legalidad de las grabaciones.

LA 'PATADA EN LA PUERTA'

Finalmente, en el ámbito legislativo, el año estuvo marcado por la decisión del Tribunal Consttucional de anular uno de los artículos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, el que permitía la entrada en domicilios sin mandato judicial, lo que motivó la dimisión del hasta entonces titular del Ministerio del Interior y mentor de dicha ley, José Luis Corcuera, que fue sustituído por el secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción.

También se produjo otro relevo en la cartera de Justicia tras las pasadas elecciones generales, ya que Juan Alberto Belloch sustituyó al quehasta esa fecha era titular del departamento, Tomás de la Quadra, quien vio cómo los comicios truncaban su proyecto de Código Penal.

Tras su toma de posesión, el nuevo ministro de Justicia, bien acogido en ámbitos judiciales por ser miembro de la carrera judicial, propuso a todas las fuerzas políticas un pacto de Estado en materia de Justicia, al tiempo que inició junto a las asociaciones de jueces la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y anunció la próxima implantación del jurado y la formuación más amplia y separada del nuevo proyecto de Código Penal de la ley del aborto.