Si 1993 ha sido un ejercicio duro y crítico para todos los sectores económicos de nuestropaís, como consecuencia de la grave crisis que atraviesa, para el de automoción lo ha sido de una manera muy especial. La palma, sin duda alguna, se la ha llevado la emblemática firma española Seat.

La crisis de Seat se ha saldado con el cierre de la factoría de Zona Franca y la puesta en la calle de cerca de 3.000 trabajadores, a los que hay que sumar otros 8.200 afectados por una regulación durante los últimos días de diciembre, 4.600 más que estarán parados los dos próximos años y los contratos temorales que no se renovarán.

La difícil situación económica de la firma que preside Juan Llorens, con unas pérdidas previstas para este año de alrededor de 100.000 millones de pesetas, sin contar los gastos de reestructuración de la empresa, han llevado a su propietario, el grupo alemán Volkswagen, a cerrar Zona Franca.

Una decisión, por cierto, que parece que a quien menos ha sorprendido ha sido al propio Gobierno, ya que el contrato por el que los alemanes compraron la emblemática firma españolaen 1986 al Estado ya preveía en un anexo -como una de dos alternativas posibles- el cierre de la planta de Zona Franca.

Al elevado coste social de este cierre, con miles de empleados en la calle, hay que sumar el importante coste económico que supondrá, no sólo para la empresa, sino para el Estado y, por tanto, para el conjunto de los españoles. Según los primeros cálculos, sólo el expediente de regulación que afecta a 4.600 trabajadores en 1994 y 1995 supondrá un gasto para el Estado de unos 10.000 mllones de pesetas.

Otra de las empresas automovilísticas que también ha notado fuertemente la crisis ha sido Nissan Motor Ibérica, que espera cerrar este año con unas pérdidas cercanas a los 40.000 millones de pesetas y pretende poner en marcha un plan de viabilidad que plantea una reducción de 1.520 puestos de trabajo.

REGULACIONES DE EMPLEO

El resto de fabricantes de vehículos están en una situación quizás algo mejor, aunque tampoco pueden dar palmas de alegría. A excepción de General Motors,todos se han visto obligados a poner en marcha este año expedientes de regulación de empleo para poder afrontar la crisis y la fuerte caída de las ventas.

Según datos facilitados por la Federación Siderometalúrgica de UGT el mes pasado, más de 63.000 trabajadores, que representan al 70 por ciento de la mano de obra en el sector de automoción, estaban afectados por regulaciones temporales, sin contar los expedientes de Seat, que todavía no habían sido aprobados.

Y no es para menos, después de la ferte caída de las ventas de coches registrada en nuestro país. Hasta noviembre, se compraron en España algo más de 675.000 coches, un 24,5 menos que en los mismos meses de 1992, y todas las fuentes del sector apuntan a que no se superarán los 750.000 vehículos en todo el año.

Todas las marcas importantes han respondido a la crisis con fuertes caídas de sus ventas, registrando los descensos más fuertes en lo que va de año Volkswagen, Renault y Citroën, marcas cuyas ventas descendieron por encima de un 0 por ciento. Opel y Seat sufrieron las menores caídas, del 18 y 19 por ciento en cada caso.

Pero la recesión económica no está afectando sólo a los fabricantes de vehículos, sino a toda la industria que depende de este sector. La industria de componentes y los concesionarios también sufren en sus propias carnes la drástica caída de las ventas.

En el sector de componentes, la patronal Sernauto estima que se perderán unos 15.000 empleos este año y que la facturación caerá un 10 por ciento, mientra la de concesionarios, Faconauto, cree que desaparecerán en el sector entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo y que el conjunto de empresas terminará el año con pérdidas.

REDUCIR LA FISCALIDAD

Y en medio de este sombrío panorama, habría que preguntarse qué está haciendo el Gobierno para intentar ayudar a un sector que se considera motor de la economía española y que se cae a pedazos. Una de las peticiones lanzadas desde todos los ámbitos del sector para reactivar las ventas y a la que el Ejecutivo ace oídos sordos es la eliminación del impuesto de matriculación, que no existe en ningún país de la CE, a excepción de España.

El Gobierno argumenta que el país no puede permitirse el lujo de dejar de recaudar dinero en la situación económica actual del país y el sector opina que la rebaja de la fiscalidad reactivaría las ventas y que más vale recaudar poco de algo que mucho de nada.

Lo que está claro es que la caída de las ventas de automóviles también está ocasionando fuertes pérdidas al Estad. Sólo en los nueve primeros meses del año, según las estimaciones de la Confederación Española de Automoción, la caída de las ventas de coches en algo más de un 25 por ciento supuso un coste para la Administración de casi 117.000 millones de pesetas.

Una medida que ha sido acogida con satisfacción por el sector, que venía reclamando desde hace tiempo una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, es la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Felipe González, aceptada por los empresarios, aunquela consideran insuficiente, y que cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos que han respondido con una huelga general.

Habrá que esperar a 1994 y comprobar si la tan esperada recuperación económica se materializa por fin y tira de las ventas de coches. Aunque el sector está convencido de que el próximo año será mejor que este que ya termina, también tienen claro que no será lo suficientemente bueno como para alcanzar los niveles de ventas de 1992, cuando se vendieron en España algo más de 979.40 vehículos.