Así lo indicó Bal en una entrevista en Radio 4 recogida por Servimedia, haciendo alusión a que el Tribunal Supremo admitió el recurso que PP, Vox y Ciudadanos presentaron el año pasado contra los indultos concedidos por el Gobierno a nueve condenados por el ‘procés’ que se encontraban en prisión.

En este sentido, Bal comentó que si el recurso de su formación superaba ese “obstáculo de naturaleza procesal” quiere decir que los indultos “hoy en día” tan solo se pueden aplicar por “razones de equidad y de justicia”, pero no por las razones de “utilidad pública” que invocó el Gobierno para poder conceder dichos indultos.

“Deseamos en un asunto de interés público que el Supremo se pronuncie sobre el fondo porque eso, hacia el futuro, va a provocar que exista seguridad jurídica respecto a la posible aplicación de la causa de utilidad pública de la ley de indulto”, dijo, al tiempo que recordó que esta ley es de 1870 y que la utilidad pública no se ha utilizado “en 40 años de democracia”.

Además, preguntado por si es positivo para España que los líderes del ‘procés’ vuelvan a prisión, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja dijo que sí y cambió la pregunta a la siguiente: “¿Es positivo para este país que se cumplan sentencias condenatorias, que haya justicia y que no se infrinja a ley?”.

JUECES

En relación con las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que dijo que esta decisión es “política” y que se había producido por un cambio de mayorías en el tribunal, Bal recordó que Aragonès “bien callado estuvo” cunado en la primera resolución el Supremo dijo que Ciudadanos no tenía “legitimación”.

En este sentido, señaló que Aragonès no cree “en la democracia, en la separación de poderes” y le acusó de criticar las sentencias del Poder Judicial y a los jueces, a quienes llaman “el brazo judicial armado de la derecha”, pero solo si las sentencias “le quitan la razón”, si se la dan piensan que “los jueces son maravillosos”.

También comentó que en “la ley fundacional de la república”, los independentistas ya decían que “en esa presunta, ficticia, imaginaria república independiente de Cataluña iba a ser el Gobierno el que iba a nombrar a dedo a los jueces catalanes”. “Estamos hablando de personas que no creen nada más que en la imposición de sus propias ideas”, señaló.

Sobre el cambio de jueces en el Supremo, Bal explicó que hay un derecho en la Constitución que se llama “el juez ordinario predeterminado por la ley”, es decir “que los jueces no se pueden designar a dedo como pretendían hacer en la república catalana, sino que las salas se forman en virtud de la aplicación de las normas”.

En el Supremo, aclaró, “ha habido dos magistrados, uno de los cuales ha cambiado y el otro se ha jubilado, y sus plazas se han cubierto por otros dos magistrados, pero no porque los haya elegido el Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial”, sino porque “les correspondía por virtud de los sistemas de imposición de plazas”.

JUSTICIA EUROPEA

Preguntado sobre por qué existe una gran dificultad de entendimiento entre la justicia española y la europea, Bal matizó que en expresiones como esta la justicia europea se entiende como si fuera “ajena, extraña, extranjera” con respecto a la jurisdicción española y la justicia europea “es justicia española también”.

“Yo considero la justicia europea como una justicia propia”, apuntó, y añadió que, por tanto, él acatar todas las sentencias, “las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “también”, tanto si le “benefician” o no.