Así se puso de relieve durante la jornada ‘El absentismo laboral por contingencias comunes en el Sector de la Metalurgia’, organizada por la patronal sectorial Confemetal en colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

El coste directo para las empresas, más el importe de las prestaciones económicas de Seguridad Social a cargo de las mutuas para los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para la población protegida por el sector de mutuas en el sector metalúrgico, ascendió en 2023 a 4.020,18 millones de euros, con un incremento del 19,47% respecto a 2022.

El total nacional para la población protegida por el sector de mutuas en el ejercicio 2023 ascendió a 15.696,59 millones de euros, con un incremento interanual de un 17,37%. Si se incluye el coste de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de las entidades gestoras de la Seguridad Social, el coste se sitúa en 25.326,65 millones de euros.

Además, Confemetal destacó que el incremento del coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes para el total del sistema en los últimos cinco años ha sido de un 73,93%.

El laberinto burocrático de la gestión de las bajas, las listas de espera en la sanidad pública y el riesgo de uso indebido de las prestaciones originan, a juicio de Confemetal, “ese mayor gasto, perjudican la salud de los trabajadores, incrementan aún más la carga asistencial de una Sanidad Pública saturada, merman la competitividad de las empresas y lastran la creación de empleo y el crecimiento económico, a corto, medio y largo plazo”.

Además, estima que la actuación sanitaria por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en procesos de Itcc diagnosticados como patologías traumatológicas, y la agilización de la tramitación administrativa, permitirían recuperar en veinticuatro días menos la salud de los más de 317.000 trabajadores del sector metalúrgico diagnosticados con esas patologías.

Asimismo, ayudarían a reducir las listas de espera en los servicios públicos de salud, reducirían, en el sector metalúrgico, un gasto innecesario de 712 millones de euros de los que 450 millones son con cargo a las cuentas públicas de Seguridad Social y otros 262 con cargo directo a las empresas.