En sus declaraciones como imputados ante el juez Baltasar Garzón, estos tres directivos de Azucarera Ebro argumentaron que esos movimientos de azúcar, que la Fiscalía Anticorrupción considera pensads para percibir indebidamente subvenciones de la Unión Europea, sólo pretendían equilibrar los niveles de producción entre las fábricas más y menos productivas.

Jaime Sagrista Carner, vocal del Consejo de Administración, y Rafael Barrera Infante y Rafael Vargas Peñalba, de la Dirección de Producción, dijeron también al juez que tales movimientos se realizaron porque el azúcar de excedente se detectó cuando ya se había declarado la producción de azúcar anual.

Según la denuncia presentada por la Ficalía Anticorrupción, la empresa Azucarera Ebro dió de baja en la contabilidad de algunos almacenes cantidades de azúcar que no llegan a tener entrada en otros almacenes.

Así, se constituyó "todo un sistema en el que se realizan anotaciones contables, declaraciones de existencias, certificados de recepción que no se corresponden a la realidad, ya que en ellos se comprenden movimientos reconocidos por la empresa como ficticios, e igualmente se imputan transportes que tanto la empresa como los transportstas reconocen no haber realizado".

Esto, según la denuncia, provoca un doble efecto: la salida al mercado de cantidades de azucar que no tenían por qué salir, puesto que la empresa los había declarado como movimientos internos. Por otra parte, los almacenes receptores contabilizan una cantidad de producto que en realidad no tienen.

De esta forma, según la denuncia, los directivos de Ebro Azucarera evitaron pagar a la Unión Europea un total de 6.590.580.172 pesetas. Este presunto fraude, cometidoentre 1997 y 2000 está siendo investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.