Según fuentes del Gobierno, el almuerzo entre ambos dirigentes no tiene una agend concreta y, entre otros asuntos, servirá para confirmar la buena marcha de las relaciones entre ambos socios y para demostrar que la estabilidad está "absolutamente garantizada".

El Ejcutivo central está "satisfecho" de lealtad de sus socios y de las "fluidas" relaciones con los nacionalistas catalanes e insiste en que no hay ningún elemento que pueda enturbiar la celebración del encuentro.

En la reunión entre Pujol y Aznar se tocarán asuntos relativos a los Presupuestos y a las inversiones en ifraestructuras para Cataluña, y con quedarán fuera temas relacionados con las previsiones de calendario electoral que, si se tiene en cuenta la volundad del presidente del Gobierno, no sufrirá variaciones.

Desde el Ejecutivo central no se interpreta la Declaración de Barcelona suscrita por los partidos nacionalistas como una manera de tensar las relaciones con el Gobierno de Aznar, sino como un acto legítimo de esas formaciones en el que no aprecian tintes electoralistas.

En cualquier caso, la pulicación de dicha declaración u otras propuestas sobre financiación autonómica hechas por CiU en estos dias no tendrán influencia negativa sobre la entrevista del miércoles.

Responsables de CiU ya han anunciado que propondrán en su programa electoralla implantación de un nuevo sistema fiscal para Cataluña, que incluya una participación directa en la gestión de todos los impuestos con carácter estable, sin estar sujeto a revisión periódica como el actual.

La Generalitat quiere un sistema que no enga que ser renegociado cada cinco años y que aporte estabilidad prolongada en el tiempo. Por su parte, el Gobierno cree que no se puede abrir ninguna negociación al respecto porque el sistema actual tiene vigencia hasta el año 2001.

El consejero de Economía de la Generalitat, Artur Mas, viaja hoy a Madrid donde se entrevistará con el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, para hablar de los Presupuestos Generales del Estado para 1999 y de las inversiones en infraestructuras que el Gobierno autónomo rclama al Ejecutivo central