Con esta propuesta, que supondría la derogación del "decreto Boyer", el Partido Popular cree que sería posible conseguir un "adecuado equilibrio" entre los intereses de los caseros y los inquilinos.

De las rentantes propuestas, la mayoría son de carácter fiscal. Destaca especialmente la solicitud de exención en el IRPF de todos los intereses de los créditos solicitados para l compra de un piso y la deducción del 15 por cien de los alquileres pagados por inquilinos con rentas inferiores a 3 millones de pesetas.

También en el IRPF, el PP propone que se suprima la imputación como renta propia de los rendimientos derivados de la tenencia de una vivienda como residencia habitual y la deducción del 15 por ciento de las cantidades invertidas en la suscripción de cédulas y bonos hipotecarios.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, propugna la deducción de lo pagado en el Impueso de Bienes Inmuebles y recortar en un 50 por ciento el valor de la vivienda habitual.

En el IVA y Transacciones Patrimoniales, el PP sostiene la reducción en un 50 por ciento de la base imponible de estos impuestos en el caso de adquisición de viviendas para residencia habitual.

Finalmente, en los impuestos locales, el PP aboga por restablecer la exención para las Viviendas de Protección Oficial (VPO) y la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a fin de que los ayuntamientos tengn la facultad de fijar las bases imponibles del Impuesto de Bienes Inmuebles. En la actualidad, las corporaciones locales fijan el tipo impositivo y el Catastro las bases imponibles.

Entre las medidas no tributarias defendidas por el Partido Popular destaca la idea de destinar a la financiación de viviendas sociales al menos la mitad de los recursos obtenidos por la suscripción de la deuda pública especial o cualquir otro activo financiero emitido para aflorar "dinero negro".

El PP propugna tambin la elaboración de un programa plurianual de vivienda de ámbito nacional entre la Administración central, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que defina objetivos y asigne los recursos.

Este programa debería basarse, según los populares, en una oferta mayor de suelo público, mediante la utilización de los patrimonios públicos, vía subasta. El PP exige que los ayuntamientos no contribuyan al proceso de especulación con la venta de su patrimonio municipal "a precios excesivos".

LAS 400.000VIVIENDAS

En la presentación de esta alternativa de vivienda, Aznar calificó de "vacía y electoralista" la propuesta socialista de financiar 400.000 pisos con créditos baratos y reveló que esta promesa ya figuraba en el programa electoral del PSOE en 1982.

El programa socialista del 82 dedicaba un apartado a "Urbanismo y Vivienda", en el que decía, textualmente, lo siguiente: "A corto plazo debe obtenerse un ritmo anual de construcción de 45.000 nuevas viviendas de promoción directa, 145.000 de potección oficial y la rehabilitación equivalente a la iniciación de 100.000 viviendas, tendiéndose durante los años siguientes a la producción de 400.000 unidades".

El programa añadía que, en las viviendas de promoción pública, "las condiciones de financiación deberán ser particularmente favorables: 25 años y un interés en torno al 6 por cien".

Según Aznar, los socialistas carecen de crecibilidad cuando prometen ahora cumplir "lo que se comprometieron a hacer y no han sabido en los últimos nueve ños".

El líder popular afirmó que hay un déficit acumulado de 700.000 viviendas, a las que se añadirán otras 300.000 anualmente. "Los resultados de 12 años de gestión municipal socialista son 700.000 familias sin hogar", afirmó.