Aznar opina que esa propuesta es una concesión retórica del Ejecutivo a los sindicatos, según explicó al presentar la campaña emprendida por su partido para difundir su propio Plan de Competitividad, bajo el lema "España. Un impulso hacia Europa".

El líder popular aseguró que él sería capaz de reducir en 600.000 millones el déficit del Estado en el plazo de seis meses, tomando medidas drásticas de control del gaso y privatizando servicios públicos.

A su juicio, es preciso reducir el peso del sector público, que actualmente representa un 42 por ciento del PIB, hasta dejarlo por debajo del 40 por cien, lo que supondría un recorte de más de un billón de pesetas.

En su alternativa, el Partido Popular aboga por adoptar medidas ejemplarizantes, como la disminución del número de altos cargos. Según sus datos, la cifra de directores generales pasó de 135 en 1982 a 275 en la actualidad.

Otra propuesta destacda del plan popular es la retirada del subsidio de paro a los desempleados que se nieguen a realizar cursos para mejorar su cualificación. A este respecto, considera que "la percepción del subsidio de paro debe ir acompañada de la obligatoriedad de la realización de cursillos de reciclaje profesional".

Respecto a la Seguridad Social, el PP insiste en que es preciso reducir en ocho puntos la aportación de las cotizaciones de empresarios y trabajadores a los ingresos, aumentando correlativamente la aporación del Estado.

El aumento de la competitividad también precisa, según el PP, una reducción de los tipos de interés de los créditos y la depreciación de la peseta, así como una reforma fiscal que disminuya las tarifas del IRPF.

DEFICIENCIAS

Aznar afirmó que su partido está de acuerdo en la idea de mejorar la competitividad, pero considera ineficaces y tardías las medidas propuestas por el Gobierno ya que, a su juicio, son malas técnicamente y carecen de credibilidad.

Como deficiencias ténicas, destacó la dificultad de aplicar durante tres años una misma política de rentas a empresas, sectores y territorios con diferentes niveles de competitividad. En su opinión, esa estrategia del "café para todos" está ya caduca.

Entre los problemas de credibilidad, señaló que la Administración carece de autoridad moral para pedir sacrificios a los ciudadanos, al no ser capaz de controlar las cuentas públicas, y estimó por ello natural que los sindicatos desconfíen.

Respecto a las reivindicacioes de UGT y CCOO, Aznar indicó que no coincide con todas ellas, pero que sí está de acuerdo en que es preciso instrumentar fórmulas de contratación que reduzcan la inestabilidad en el empleo. Precisó, sin embargo, que esa medida debería ir acompañada de una mayor flexibilidad en la regulación del mercado de trabajo.

Aznar expresó su confianza en que el Gobierno y los interlocutores lleguen finalmente a un acuerdo, pero advirtió que, en caso contrario, pedirá explicaciones a través del Parlamento antesde la presentación del proyecto de Presupuestos del Estado de 1992.