El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, fue el encargado de preguntar al presidente del Gobierno que nuevas iniciativas tiene pensado tomar para "intentar evitar que se aplique la pena de muerte en Estado Unidos a un ciudadano español".

Aznar aseguró que el Ejecutivo seguirá "haciendo todas las gestiones que estén al alcance de nustra mano para intentar conseguir que en el caso de que sea confirmada finalmente esa sentencia de muerte, no sea aplicada".

Alcaraz acusó al Ejecutivo de no tener claras sus ideas sobre la pena de muerte y la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional y reprochó a Aznar personalmente que sea ambiguo en temas tan trascendentales, sólo por defender los intereses comerciales de España.

Ante esta acusación, Aznar recomendó al portavoz de IU "un lavado de ideas integral y absoluto porue es difícil concentrar más sin razones en tan poco espacio de tiempo".

A su juicio, "decir que este Gobierno no tiene claras las cuestiones sobre la pena de muerte es una frivolidad. En España", continuó, "sólo quedaba la pena de muerte en tiempo de guerra y se ha suprimido en esta legislatura".

Aznar explicó que se han hecho y se siguen haciendo gestiones desde la embajada española en Estados Unidos, desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y desde el Ministeio de Interior para que, "en el caso de que sea ratificada esa sentencia, no se ejecute".