En un acto celebrado en la localidad vallisoletana de Quintanilla, Aznar acusó a Felipe González de "dejar que los problemas se pudran" y solicitó su comparecencia urgente para explicar su receta contra la crisis.

Respeco a la cesión del 15 por cientro del IRPF a las comunidades autónomas, aseguró que es inaceptable "sin un marco global de financiación de las comunidades y sin fijar las compensaciones a las comunidades menos ricas".

Además, reprochó al Ejecutivo que se deje llevar por las presiones de los nacionalistas, sobre todo por las del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y por las del portavoz de Convergencia i Unió en el Congreso, Miguel Roca.

"Dos declaraciones bastan", afirmó, "para que el Gobieno garantice lo que haga falta. Si no necesitara votos, no habría traspaso a las comunidades autónomas de la gestión del 15 por ciento del IRPF".

Insistió sobre los titubeos y la tardanza del Gobierno en la adopción de medidas urgentes cuando, en un juego de palabras, señaló que "no es bueno que no se haga lo que se dijo que se iba a hacer; pero es peor no hacer ni siquiera lo que ahora se dice que debe hacerse".

CAMBIAR AL "PIROMANO"

Aznar aseguró que no descarta "echar una mano" al Gobierno e momentos difíciles siempre y cuando se sustituya antes a González. "Cuando se prende fuego, no basta sólo con pedir ayuda para acarrear agua y apagarlo, sino que es imprescindible sustituir al pirómano", dijo.

Aznar propuso un paquete de medidas urgentes que, a su juicio, debiera llevarse a cabo, entre las que destacó la congelación de los impuestos, la reforma del IRPF, la disminución de las cuotas de la Seguridad Social y la mejora de la competitividad de las empresas.

Asimismo, considera necearia la elaboración de un plan de ahorro público no inferior a los 500.000 millones de pesetas y el aumento de los mecanismos de control del gasto público con la creación de un departamento dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Por último, solicitó la reforma de la gestión de los servicios y empresas públicas de forma que los ciudadanos puedan a acceder al accionariado de algunas de ellas para optimar su control y su eficacia.