Ferrer declaró a la Ser que hay indicios para pensar que el auto se podía haber llevado "mucho mejor" de lo que lo ha hecho la juez Celia Belhadj-Ben. Recordó que la estación hizo un seguimiento de los efectos de la contaminación y la magistrada no les ha consultado, pese a los ofrecimientos que se le ha hecho en varias ocasiones.

Según Ferrer, la magistrada debería haber tenido en cuenta los informes científicos que ya se realizaron en 1996, que demostraron la aparición en las aguas del entorno del parque de filtraciones procedentes de la mina, algunas de ellas graves.

Este científico cree que el auto abre una incertidumbre importante, porque se puede pensar que, a día de hoy, nadie está en condiciones de garantizar que ninguna presa, a pesar de cumplir todos los requerimientos técnicos y normaivos, no se vaya a caer, "con lo cual habría que poner probablemente en situación de emergencia a todas las demás presas de residuos mineros", como la que está encima de la ciudad de Huelva.

Para Ferrer, no hay ninguna duda de los daños que el vertido de Aznalcóllar provocó al Parque de Doñana y su entorno, ya que arruinó el valle del Guadiamar, una de las mejores zonas de tierras de uso agrícola, afectó a los intereses pesqueros del bajo Guadalquivir y golpeó fuertemente al turismo, tanto convenciona como al natural, que son los motores principales de la economía de la zona.

Respecto al parque principal, explicó que se alcanzaron los niveles más altos jamás registrados de contaminación en aves, causando de forma indirecta la muerte de más de 6.000 gansos y daños mutagénicos en especies como las cigüeñas, de las que aparecieron ejemplares con los picos torcidos, todavía sin evaluar.

Ferrer se congratuló de que actualmente hayan bajado los índices de contaminación por la actuación de la Adminitración, que ha tenido que invertir unos 40.000 millones de pesetas "que parece difícil que recuperemos algún día".