También llamó a instar a "los diferentes suministradores de gas y de electricidad a estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados”. Ayuso, en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, sobre este asunto, señaló quetambién estudiará "una oferta de vivienda temporal en caso de que la víctima no tenga dónde residir mientras exista el delito”.

La presidenta regional indicó que la “ocupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo” y añadió que, “aunque estamos consiguiendo frenarlo (el fenómeno de la ocupación ilegal), hay 4.300 viviendas afectadas”.

Explicó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está “absolutamente en contra de la ocupación porque es un delito y aunque no tenemos competencias para ello hemos puesto en marcha la oficina contra la ocupación, con la que estamos tratando de dotar de herramientas y asesoramiento a policías locales y asistencia a víctimas del delito".

Ayuso declaró que “no nos podemos permitir” la ocupación de pisos y dijo que “aquí no sobra nadie, ni las personas con patrimonio ni los turistas, ni las personas que crean puestos de trabajo”.