Vázquez informó que, en las próximas semanas, las corporaciones ocales solicitarán un encuentro con el presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Economía, Carlos Solchaga, para exponerles sus criterios sobre el modelo de financiación de las corporaciones locales y "exigir el pago inmediato" del dinero que se adeuda a los ayuntamientos.

La medida ha sido adoptada por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en el Consejo Ejecutivo de la FEMP, incluido el Partito Popular, que anunció su intención de mantener en sus puestos a sus representates hasta después de los encuentros con González y Solchaga.

No obstante, el vicepresidente de la Federación y presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, Francisco Tomei, señaló que el PP se custionará seguir en la ejecutiva de la organización "si se constata su incapaz para resolver sus problemas con el Estado, lo que no quiere decir que sea el abandono por nuetsra parte".

En el mes de enero, Hacienda logró un acuerdo con los ayuntamientos para pagarles en junio los 24.000 millones d pesetas que aún les debía por el año 1990, y asumió el compromiso de hacer lo mismo en la segunda mitad del año con los 134.000 millones correspondientes a 1991.

Fuentes municipales consultadas por Servimedia aseguraron que Hacienda ha empezado a pagar los primeros 24.000 millones de pesetas esta semana, pero no existen indicios de que vaya a liquidar la deuda mayor del año 1991 antes de que finalice el ejercicio.

El máximo responsable de la FEMP abundó en sus críticas al Gobierno cuando afirmó ue el pacto del invierno pasado fijaba un criterio de reparto del gasto público del 50 por cien para el Estado, un 25 por cien para las comunidades autónomas y un 25 por cien para los ayuntamientos, y que en la actualidad los gobiernos regionales "están ya en el 35 por cien y las corporaciones locales rondan el 16 por cien".

Informó también que la Federación ha empezado a estudiar los efectos de los Presupuestos del Estado para 1993 en los ayuntamientos, y explicó que entre las cuestiones analizadas fgura la subida salarial para el año que viene, ya que la ley les impide subir el sueldo de sus funcionarios más del 1,4 por cien que el Estado aumentará a sus empleados.