A juicio de los socialistas, dicho anteproyecto se separa de la directiva europea, ya que ésta se limita a profundizar en determinados aspectos jurídicos de la sociedad de los servicios de la información, mientras que el borrador del Gobierno "establece métodos de censura previa y el control de la información en Internet".

Los concejales del PSOE instan al Gobierno a aprobar una legislación en la que la libertad de expresión en Interet tenga los mismos derechos y obligaciones que los que se reconocen a las publicaciones no digitales.

Según el PSOE, el texto del anteproyecto de ley "es de dudosa constitucionalidad" y se sitúa en la línea del control que establecen países como Irán, Turquía o Túnez, pretendiendo instaurar una "nueva inquisición".