Aguilar dijo en la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad que, actualmente, son los municipios los que están asumiendo la prestación de los servicios sociales, a pesar de que las competencias están asignadas a las comunidades autónomas y de que, por lo tanto, no disponen de recursos suficientes para hacerlo.

"Si mañana los ayuntamientos dijeran hasta aquí hemos llegado y no asumimos ninguna obligación para la que no tenemos competencias ni recursos, prácticamente los servicios se pararían y una parte importante de los servicios sociales no se prestarían", aseguró la alcaldesa de Córdoba.

En este sentido, añadió que "el papel de los ayuntamientos es esencial, clave y fundamental" en materia de servicios sociales, y así debe seguir siéndolo con el futuro sistema de atención a las personas dependientes.

"Lo lógico y razonable" es que las competencias las tuviera el ayuntamiento y que, por lo tanto, se transfirieran también los recursos financieros que se destinan a ello para que "desde el ámbito municipal pudiéramos, de manera más eficaz y eficiente, dar respuesta a las necesidades que se manifiestan en el ámbito de la ciudad".

Como hasta ahora los municipios están ejerciendo competencias que por transferencias les corresponden a las regiones y para ello están utilizando presupuestos municipales, Aguilar explicó que la federación de municipios está exigiendo al Estado mayor financiación para el desarrollo de esas competencias "impropias".

Rosa Aguilar señaló también que con el futuro sistema de la dependencia, lo que ahora es una prestación de servicios sociales "potestativa" debe convertirse en "derechos reconocidos" para las personas dependientes.

Por otra parte, la vicepresidenta segunda de la FEMP aseveró que la cifra de 100 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado han destinado a la atención de las personas con dependencia "puede ser llamativa, pero sabemos todos que es insuficiente".

Por último, Aguilar aseguró que la futura ley de autonomía personal y atención a la dependencia debe regular el derecho de las personas mayores a permanecer en su vivienda, para lo que hay que potenciar servicios como la teleasistencia o las comidas a domicilio, y aportar más recursos económicos.