Esta decisión fue acordada hoy tras la reunión de varios dirigentes del PSOE con un grupo de alcaldes socialistas que se sienten contrariados por la nueva normativa que, según denuncian, "no es una liberalización, sino una privatización salvaje de las facultades de urbanización de las ciudaddes, algo que debe ser de la ciudad", en palabras del diputado Jesús Caldera.

El PSOE intentará que el Gobierno modifique la nueva normativa durante el trámite parlamentario (en el otoño), para impedir que, según dicen, el suelo quede en manos de los "especuladores", en referencia a los promotores, lo que provocaría que siga subiendo su precio. Si no se produce la modificación, la ley será llevada ante el Tribunal Constitucional tras su debate parlamentario.

Los socialistas pretenden introducr en la ley varios cambios, entre los que destaca el mejor tratamiento fiscal sobre la vivienda, en un intento de abaratarla para los jóvenes y las familias con ingresos bajos.

Así, se pretende rebajar el IVA de las viviendas de protección pública del 7% al 4% y que, además, las subvenciones que reciben sus compradores por parte de las comunidades autónomas, dejen de tributar como incremento de patrimonio y se tomen como "meras subvenciones", según dijo Caldera.

Además, el PSOE propondrá que e reserve más suelo a viviendas de protección pública -en cualquiera de sus modalidades-, que se modifique el criterio de valoración del suelo -que ahora se hace sobre un precio futuro- y que se cree una red de agentes públicos, expertos en urbanización y rehabilitación, que gestionen todo este asunto con calidad y fiabilidad.

Por su parte el alcalde socialista y vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Toni Siurana, acusó a la presidenta de esta entidad, l popular Rita Barberá, de no haber defendido a los ayuntamientos contra "el mayor atentado contra la autonomía municipal, que es usurparles el diseño de las ciudades".

Por último, el diputado socialitas Tomás Rodríguez Bolaños acusó al Ejecutivo de "arrollar" mediante su mayoría absoluta e imponer medidas que no consensúa con los implicados, como ocurre en el caso de la vivienda (sin consensuar con los ayuntamientos), y en los horarios comerciales (sin hablar con el sector del comercio).

Sobr los horarios, recordó que el Gobierno andaluz ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional la ley de liberalización de horarios comerciales y que esta pretensión recoge el sentimiento del PSOE contra una ley que, según dijo, sólo beneficia a las grandes superficies a las que, además, "igual hasta las regala la concesión de una gasolinera".