Según fuentes próximas a los contactos consultadas por Servimedia, existe ya cierto consenso sobre aspectos del texto del Gobierno que "pueden rayar la inconstitucionalidad", y ahora se quiere convencer al ministerio para que apoye esta iniciativa de los ayuntamientos cuando sea presentada como enmienda en el Parlamento.

El aspecto que más ampollas ha levantado entre las corporaciones locales es la obligación que tendrán los municipios de menosde 20.000 habitantes de esperar hasta 1998 para poderse constituir en circunscripciones únicas, con derecho a otorgar licencias a operadores de cable.

Según el texto del Gobierno, si desean hacerlo antes deben agruparse en mancomunidades, para contar con una cobertura de más de 20.000 habitantes, que es el umbral estimado como rentabilidad mínima para un operador de este tipo.

Los responsables de la FEMP consultados consideran que esto "supone un trato discriminatorio para los ayuntamientos de meor tamaño respecto a las grandes ciudades, sobre todo si se tiene en cuenta que más del 90 por cien de los municipios españoles tienen una población inferior".

Este es uno de los principales aspectos que la FEMP desea cambiar de la ley, y por ello intenta convencer al MOPTMA para que apoye inicitivas parlamentarias encaminadas a cambiar este aspecto del proyecto del Gobierno, mediante varios encuentros discretos celebrados en las últimas semanas.

También existe otra reivindicación que los ayuntamentos desean ver reflejada en la futura ley. Se trata de la posibilidad de cobrar un precio a las empresas propietarias de redes de cable por usar suelo público en la extensión de su fibra óptica.

Aunque no hay acuerdo en la FEMP sobre cuál debe ser ese canon, se ha apuntado la cifra del 1,5 por cien de los ingresos obtenidos por estos operadores en su actividad dentro del término municipal.

No obstante, reconocen que esto puede formar parte de la Ley del Impuesto sobre Actividades Económicas (IA) o incluso en la de Haciendas Locales, aunque señalan que es una pretensión lógica que un proyecto de ley sea lo más explícito posible respecto a los intereses que persigue.