Dicha sentencia anula el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) el 7 de enero de 1991, por el que se adjudicó a una empresa privada la recaudación voluntaria del recibo de residuos sólidos y alcantarillado.

Para el Supremo, el acuerdo del Ayuntamiento de Torrevieja es contrario a derecho, al adjudicar a una empres particular una función "inequívocamente pública".

El Alto Tribunal sostiene que del Reglamento General de Recaudación y de la Ley Reguladora de Haciendas Locales "se desprende con claridad, y sin necesidad de otras argumentaciones, que no es conforme a Derecho la adjudicación a una empresa particular de una función, como la recaudatoria, cualquiera que sea su ámbito, que corresponde a una potestad administrativa".