Los críticos temen que el nuevo documento pueda suponer un obstáculo para el desarrllo de las comarcas ubicadas en el entorno de la reserva ecológica.

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella Galán, afirmó que "el plan margina a la localidad y sus habitantes" y aseguró que durante los próximos días estudiará la posibilidad de emprender acciones legales contra el mismo.

Por su parte, las organizaciones ecologistas que operan en la zona mantienen que el documento no garantiza la supervivencia del parque nacional.

El texto aprobado por el Gobierno divide el territorio e Doñana, calificado en su totalidad como suelo no urbanizable de protección especial, en cuatro tipos de zonas según las condiciones de utilización y acceso a ellas.

Más de 50.000 hectáreas (el 91 por ciento de la superficie del parque) serás zonas de reserva, mientras que el resto se dividirá en áreas de uso especial, de uso moderado y de uso restringido.

Sin embargo, el director de Doñana, el biólogo Jesús Casas, ha defendido el nuevo plan rector, por entender que dota a la reserva de un marcojurídico apropiado.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el documento, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables durante un plazo máximo de otros dos, ha sido elaborado con la participación de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la zona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El Parque Nacional de Doñana está situado en las provincias de Huelva y Sevilla, abarca una superficie de 50.720 hectáreas y es gestionado por el Instituto para la Conservción de la Naturaleza (Icona).

El 50 por ciento de su superficie es propiedad de particulares, que se dedican fundamentalmente a las actividades agrícolas y ganaderas.

Durante los últimos días han aparecido en la localidad costera de Matalascañas (Huelva) diversas pintadas y panfletos contra la dirección del parque y el Icona, a los que se les acusa de obstaculizar el desarrollo social y económico de la zona.