Dicha deuda de los ayuntamientos, según las fuentes del sector consultadas, "equivale a más del 61% de la deuda total contaida por organismos públicos y corporaciones locales con las eléctricas en concepto de facturas de luz impagadas, y que se situa en 1995 por encima de los 97.000 millones de pesetas".

Junto al malestar que esta situación origina en las empresas del sector, sus responsables suman ahora la reciente reforma del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las instalaciones hidroeléctricas, térmicas y de bombeo, aunque es en el primer caso en el que la medida tendrá mayores consecuencias económicas.

Según los responsables de las empresas, "dicha revisión obligará a las eléctricas a pagar más impuestos municipales de los que hasta ahora venían abonando a las corporaciones locales, a pesar de que estas administraciones son los principales morosos del sector".

Hasta ahora, las eléctricas tributaban el IAE a los municpios en función del tiempo que estuvieran en funcionamiento, pero los efectos de la sequía y la baja disponibilidad de agua en los embalses ha venido generando un efecto negativo en las rcas de las corporaciones locales, por lo que demandaron un sistema de mínimos que les garantice unos ingresos fijos.

En consecuencia, la reforma introducida en el IAE para la plantas hidroeléctricas las obliga a tributar 120 pesetas por cada kilowatio/hora que tienen capacidad de producir, en lugar de las 135 pesetas que venían abonando hasta hora por cada kWh que se producía efectivamente.

Según las empresas del sector, "el resultado es que habrá que pagar más impuestos", ya que las plantas hidoeléctricas funcionan una media del 40% de las horas que podrían hacerlo si la situación hídrica del país fuera normal".

El nuevo IAE de las eléctricas es consecuencia de un acuerdo parlamentario entre el PSOE y CiU, e introducido en el último día del periodo de sesiones del Parlamento en un decreto sobre sequía, con el fin de que entre en vigor antes de la disolución de las cámaras legislativas en enero, a causa de la convocatoria de elecciones generales para marzo.

Las eléctricas opinan que "esos dos partidos han inclinado la balanza a favor de los ayuntamientos en pleno periodo electoral, al aplicar un sistema de mínimos a pagar por el que las compañías salen perjudicadas, aunque se haya rebajado el importe del tributo por kilowatio/hora".